Piden a RMV impedir que Piña Olaya y Melquiades se entrometan en el TSJ
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La noticia reciente sobre la jubilación de cinco magistrados, ha sido tratada en diversos medios como el inicio de una purga, saneamiento o desinfección al interior del Poder Judicial del Estado, sin considerar ni detenerse a analizar el impacto que podría tener en la prometida reforma integral del mismo y seguir la danza del moscardón.
En artículos anteriores he opinado sobre la necesidad de hacer una depuración extensiva en la judicatura poblana, enfocada principalmente a los juzgados de primera instancia, como paso obligado e impostergable para que cualquier reforma prospere y con ello mejore sustancialmente la impartición de justicia en nuestro Estado. Sin embargo, dados los antecedentes de los magistrados retirados, considero que los calificativos vertidos esta vez por la prensa resultan excesivos, ya que los motivos de salud realmente fueron relevantes en esta ocasión. Incluso, debo reconocer que al menos en dos de los casos no se vislumbraba el retiro de los togados, dadas sus aptitudes y condiciones actuales.
Desde esta perspectiva y sin que de manera previa les pusieran una cabeza de caballo en la cama, luego de un análisis sosegado, queda claro entonces que los movimientos acordados no fueron resultado de una limpia al interior del Tribunal. Tampoco obedecen a que los salientes fueran un serio obstáculo para la reforma integral del Poder Judicial. Simplemente, para quienes consensuaron la medida y pretenden impulsar la transformación judicial, resultaba conveniente abrir espacios para magistrados más frescos, afines y comprometidos con este proyecto de largo alcance, a fin de garantizar la viabilidad del mismo, por lo menos eso se quiere que nos creamos.
En consecuencia, resolvieron empezar cortando por lo más delgado, en este caso los magistrados cuya jubilación podía explicarse como una decisión deliberada y conveniente para ambas partes, dadas sus razonables circunstancias personales; antes que “prescindir” de otros magistrados realmente engorrosos y sicalípticos, lo cual, junto con su previsible oposición manifiesta e incluso debido a ella, hubiera dado una lectura muy diferente a lo acontecido.
Lo anterior no quiere decir que estos desprendimientos y la resultante multiplicación de espacios no se vayan a dar en un futuro cercano por recelo, temor o falta de necesidad. Al contrario, me queda claro que gracias a este suceso, los prospectos visibles seguramente ya terminaron de medirle el agua a los tamales y preferirán poner sus barbas a remojar, antes que enfrentar una verdadera defenestración, que les desgaste en todos los aspectos y comprometa los beneficios que puede dispensarle una jubilación previamente acordada. Recordemos que el sistema estatal de pensiones no pasa por un buen momento y que cubrir las prestaciones de varios magistrados por concepto de jubilación, resulta una carga demasiado onerosa, que se vería aliviada si al final del proceso algunos decidieran “renunciar” a las mismas. Y un chupóptero lo es hasta el final. Ya lo dijo Nicolás Redondo y antes lo confirmo el bisabuelo de Rodrigo Rato.
En este punto, para quien se cuestione si semejante apertura de espacios puede interpretarse como una intromisión en el Poder Judicial o una claudicación de éste frente al Ejecutivo, cabe recordar que al ser un poder público, como los otros dos, no puede permanecer ajeno a las funciones políticas del Estado. Esto significa que la traída autonomía judicial y el principio de inamovilidad, no deben utilizarse como patentes de corzo ni para cobijar a sus integrantes bajo la apariencia de ser parte de un órgano con funciones meramente técnicas, donde la política y la transparencia no tienen cabida, con el fin de que puedan dedicarse de manera exclusiva, sin intromisiones de ninguna especie, a la administración de justicia (con minúscula) y de los negocios derivados de ésta, como sucede en los platos de tv con el “conde lecquio”.
En consecuencia, cualquier movimiento del Poder Judicial y más al interior del Tribunal Superior de Justicia, implica un ejercicio político evidente que los otros poderes y la sociedad no pueden desconocer ni apartarse del mismo, ya que incide de manera directa en el funcionamiento del Estado. Lo anterior permite admitir que los magistrados retirados seguramente querían permanecer más tiempo en el cargo por el cariño tomado a su labor y todo lo que ello les representaba, pero también que ante la determinación de varios actores políticos, tanto al interior como al exterior del Tribunal Superior de Justicia, y luego de una ardua labor de convencimiento (político también), finalmente aceptaron dar un paso al costado. ¿O acaso de verdad alguien espera que en un inédito momento de magnanimidad, desprendimiento o arrebato, un magistrado acepte desprenderse dadivosamente de tan alta investidura, en forma anticipada y sin intervención de nadie para irse a descansar y dar consejos en plan chanquete?
Del mismo modo y para dejar en claro que lo que se pretende es reformar a fondo el Poder Judicial y no sólo “depurarlo” con unos cuantos movimientos y otras medidas efectistas, considero conveniente que la judicatura explore la posibilidad de emprender otros cambios igualmente importantes, como la institución de tribunales unitarios regionales que descarguen de trabajo a las salas, aprovechando las 6 regiones judiciales creadas a partir de la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y bajo cuya supervisión podrían quedar las innovadoras centrales de diligenciarios.
De esta forma, los futuros retiros voluntarios de magistrados tendrían por objeto ajustar la exagerada cantidad de los mismos, para disminuir los gravosos costos económicos y políticos de jubilación y de esa forma evitar la consolidación de una plutocracia judicial, que se ha ido arraigando más por conveniencia financiera que política. Con ello se evitarían también las especulaciones y maledicencias de que las separaciones obedecen más a la necesidad de abrir espacios para la llegada de aliados políticos y juzgadores cómodos destinados a asumir el control del Pleno, que a un interés verdadero y desinteresado por reformar a fondo las estructuras y procedimientos de impartición de justicia en Puebla, acercándolos a los justiciables.
Tengo la esperanza entonces, de que Rafael, mi amigo el gobernador, no permita, como lo expresé en mi intervención radiofónica del viernes pasado la intromisión en plan drácula y pegando con bastón de ciego de las manos de Piña Olaya, de piñita (así con minúsculas) o de Melquiades Morales con su olor a lima limón y pidiendo a la “Andi & Lucas” se incluya en las futuras ternas a sus personeros y arrastrar a su mundo de sombras una vez más, la tan anhelada autonomía judicial. Queremos juristas probos y de antecedentes impecables y no secuaces o miembros de las pandas de los ex “gobernadores”. No creo que sea menester nuestra presencia en el poder legislativo para opugnar y hacer revisión pulga a los antecedentes de los “encomenderos” con lo que se gestaría una atrocidad característica de los chupópteros de marras, anclándonos en el dedazo vertical de siempre y créanme que…¡lo digo sin acritud!
