Piña Olaya y Melquiades Morales meten mano en el TSJ
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La próxima elección que habrá de cinco magistrados pone en evidencia por enésima vez la falta de autonomía del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ) frente al Poder Ejecutivo; pero ahora, en esta ocasión, existen elementos para suponer que los grupos de los ex gobernadores Mariano Piña Olaya y Melquiades Morales Flores son quienes tendrán el control de la vida interna del Poder Judicial, y pretenden imponer como integrantes del TSJ a personajes a modo y sin méritos profesionales.
Una muestra de lo anterior es que los actuales magistrados, empezando por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, David López Muñoz, no fueron tomados en cuenta sobre el perfil que deben tener los próximos integrantes del pleno del Poder Ejecutivo ni mucho menos sobre los nombres que integran la primera terna que ha surgido para cubrir una de las cinco vacantes del Tribunal Superior de Justicia.
No solamente en ese aspecto han sido ignorados, sino se sabe que David López Muñoz habría presentado un proyecto al Poder Ejecutivo para crear salas regionales del TSJ, y su propuesta fue rechazada bajo el argumento de que no hay recursos económicos para ello.
Es decir, los miembros del Poder Judicial no pueden decidir sobre su propio presupuesto ni proponer soluciones a los problemas de la administración de la justicia en el estado. Tienen que sujetarse a lo que se dispone en el gobierno del estado.
En el caso de David López Muñoz no se puede revelar, ya que su nombramiento es resultado de la recomendación que hicieron el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Geudiel Jiménez Covarrubias, y Alberto Jiménez Morales, quienes son parte del círculo cercano del ex gobernador Mariano Piña Olaya.
Por tanto, la actual cabeza del Poder Judicial no se puede oponer a la forma en que se designarán a los nuevos magistrados, ya que él mismo formó parte de ese esquema.
Con la presentación de la terna formada por Jorge Ramón Morales, Joel Daniel Baltasar y César Iván Bermúdez Minutti, para nombrar a un magistrado del TSJ, se busca dar una posición al grupo de Melquiades Morales Flores.
Se dice que quien lleva más posibilidades de ser electo es Joel Daniel Baltasar, quien fue un cercano colaborador de Carlos Alberto Julián y Nacer y éste a su vez, es uno de los brazos derechos de Melquiades Morales Flores.
Y tal parece, que la influencia de Carlos Alberto Julián y Nacer no solamente se dejará sentir en lo que podría pasar en el TSJ, sino también en lo que ya pasó. Me explicó:
A principio de este año 12 magistrados del TSJ iniciaron los trámites para jubilarse. Ninguna de ellos estableció fechas para retirarse ni en el Poder Judicial se tomó un acuerdo para decidir tal proceso.
Hace una semana, se narró en esta columna que sin que mediara alguna explicación o negociación, desde el Poder Ejecutivo se determinó que los primeros que deberían jubilarse eran Elba Rojas Bruschetta, Leonardo Tecuapetla y Gerardo Villar Borja, entre otros.
Ahora se sabe, que si algo caracteriza a Tecuapetla, Villar y Rojas, es que no solamente los tres se destacaron por ser críticos, buenos integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, sino que además en diferentes momentos, incluso cuando algunos eran jueces, tuvieron diferencias con Carlos Alberto Julián y Nacer cuando éste fue magistrado del Poder Judicial, cargo que tuvo antes de que en el sexenio de Manuel Bartlett fuera nombrado titular de la Procuraduría General de Justicia.
La segunda opción que está impulsando el grupo de Melquiades Morales es la de Jorge Ramón Morales, quien tuvo un penoso y ruin desempeño como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
Sin tener ningún conocimiento en materia de derechos humanos, Jorge Ramón Morales fue nombrado ombudsman por el simple hecho de que era amigo de Carlos Arredondo Contreras, quien fue secretario de Gobernación en la administración de Melquiades Morales Flores.
La gestión de Jorge Ramón Morales se distinguió por tres cosas:
1. A lo largo de su periodo como presidente de la CDH, este organismo llamó la atención porque el grueso de sus recomendaciones estaban dirigido a presidentes municipales, corporaciones de policía preventiva y algunas dependencias del Poder Ejecutivo, pero nunca hacia la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Con el tiempo se supo que ese comportamiento se debía a que el ombudsman había ordenado que la PGJ no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa. Pese a que tradicionalmente es el área de gobierno en donde más violaciones se cometen a los derechos humanos.
2. Tampoco había recomendaciones contra el Sistema Penitenciario Estatal. Si las había, eran de baja intensidad. La razón era que una de las hijas de Jorge Ramón Morales laboraba en esa área del gobierno y por eso la protegía, sin importar que las cárceles poblanas estuvieran sobre pobladas y no se cumplieran con los procesos de readaptación social.
3. El presidente de la CDH inició su periodo violando la Ley Orgánica de la CDH, la cual prohíbe al presidente percibir un salario adicional al que tiene como ombudsman dentro de la administración pública.
Resultaba que Jorge Ramón Morales, cuando entró al cargo de ombudsman, no dejó el de catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla.
¿Cómo se puede nombrar magistrado a un personaje que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no respetaba la ley ni la función del organismo? La respuesta es muy sencilla: En el Congreso del estado seguramente se decidirá quiénes serán los próximos integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Puebla con base a criterios políticos y no por quien ofrezca respeto a la legalidad.
