Los 12 ex funcionarios que deben comparecer por Valle Fantástico
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La amplia posibilidad de que el gobierno del estado pierda el litigio por la errónea ocupación administrativa que hizo del predio de 18 hectáreas de Valle Fantástico es lo que llevó hace algunas semanas, al titular de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurczyn, a cambiar de estrategia para intentar derrotar al empresario Ricardo Henaine Mezher, consistente en emplazar a 12 ex servidores públicos, de los gobiernos de Manuel Bartlett al de Mario Marín Torres, para que mediante un juicio de nulidad todos acaben aceptando que actuaron de manera ilícita en torno a la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.
No solamente se ha emplazado a esos 12 ex servidores públicos, todos de filiación priista, sino que también se ha demandado al Tecnológico de Monterrey, institución que se asienta junto a Valle Fantástico y sobre un predio destinado originalmente a ser el Parque Metropolitano de Puebla, pero que el gobierno de Melquiades Morales le donó a dicha institución de educación superior.
La idea central es crear un “cerco” contra Henaine. Sin embargo, hay elementos para suponer que la estrategia de Juan Pablo Piña podría ir caminando al fracaso.
EL PROPÓSITO
¿Qué es lo que quiere Juan Pablo Piña con esta compleja estrategia? De acuerdo con la percepción de varios de los ex servidores públicos que están demandados por el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, lo que en el fondo se estaría persiguiendo son tres objetivos concretos:
1. Negociar con todos los ex priistas que tienen cuentas públicas pendientes de ser aprobadas por el Congreso local o que enfrentan investigaciones de la Sedecap, la PGR y el Cabildo de la ciudad de Puebla, que sí aceptan colaborar con el planteamiento de Juan Pablo Piña podrían frenarse todos los procesos legales en su contra.
2. Determinar que fue incorrecto traspasar la reserva territorial al fideicomiso del mismo nombre, para que se acabe determinando que todo fue ilegal y finalmente se dictamine que es nula la donación onerosa de 18 hectáreas de esa área que se hizo a favor de Inmobiliaria Hena, que es propiedad de Ricardo Henaine y es la instancia que ocupó para crear Valle Fantástico. Y esa misma circunstancia se aplicaría con el Tecnológico de Monterrey.
3. Se busca crear “un cerco” contra Henaine, para que de esa manera se cierren las posibilidades jurídicas del empresario y acabe negociando la entrega de Valle Fantástico en un mediano plazo.
De esa forma no se tendrían que agotar los juicios que Henaine inició a partir de la ocupación policiaca que en marzo de este año hizo el gobierno del parque en cuestión y los cuales tardarían varios años en resolverse. Y con ello, no se demoraría el cumplimiento de la promesa que hizo el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas de recuperar el predio de Valle Fantástico.
Lo más importante: se disiparía el riesgo de que Henaine les gane el juicio, ya que al empresario le quitaron una propiedad sin que le hubieran dado el derecho de audiencia y sin que se defendiera en un litigio.
Mientras que en el caso del Tecnológico de Monterrey lo que se buscaría, luego de que se determine que no fue correcta la donación del predio que ocupa en la reserva, es hacer una renegociación para que la institución no tenga que ser reubicada y se le otorgue un nuevo comodato del terreno en que se asienta.
LA REACCIÓN
Se sabe que cuando Juan Pablo Piña hizo el planteamiento y se le notificó a los primeros actores de la demanda, en un primer momento varios de los implicados vieron con buenos ojos la propuesta. Sobre todo porque se establece que los 12 ex servidores públicos ahí incluidos habrían cometido actos ilícitos, pero no delictivos, en torno a la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.
Sin embargo, con el paso de los días, entre varios de los implicados, la idea ha ido cambiando. Se cree que dicha estrategia podría ser un engaño y los podría llevar a un callejón sin salida, como es el hecho de que Ricardo Henaine los acabe contra–demandando bajo el argumento de que “me engañaron”.
También no ven con buenos ojos que le acaben haciendo “el trabajo sucio” a Juan Pablo Piña Kurczyn, quien ha hecho todo mal en torno al litigio de Valle Fantástico.
Sobre todo, que varios ex priistas implicados están saliendo adelante de las investigaciones en su contra, sobre todo los marinistas, por lo que no ven la necesidad de negociar.
Otro argumento de peso, sobre todo de quienes fueron del gobierno de Manuel Bartlett, es que ellos no hicieron nada ilícito, sino al revés, en ese sexenio se puso orden en la reserva luego de los abusos que se cometieron en el sexenio del padre de Juan Pablo Piña Kurczyn.
Trascendió que la mayoría de los 12 ex servidores públicos implicados no han sido notificados del juicio y que todo se quería hacer son sigilo, pero esa posibilidad se rompió cuando el actual presidente del Comité Municipal del PRI en la capital y ex secretario de Gobernación en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz, hizo público que lo habían citado para un “juicio conciliatorio” en el juzgado Segundo de la Civil de San Andrés Cholula, y que no estaba de acuerdo con lo que está ocurriendo.
A partir de esa posición, ha crecido la idea de no aceptar la estrategia de Juan Pablo Piña, de varios de los implicados. Aunque todavía falta por que se agoten las negociaciones con cada uno de ellos.
Los ex servidores públicos que buscan ser incluidos en la demanda son:
Del gobierno de Manuel Bartlett: Carlos Meza, en su calidad de ex secretario de Gobernación; Blanca Alcalá como ex secretaria de Finanzas; Rubén Cuevas, como ex Contralor y Eduardo Macip como ex director del extinto Fideicomiso del Proyecto Angelópolis. Todos ellos, son actores que participaron en la creación del Fideicomiso de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.
Mientras que del gobierno de Melquiades Morales se está incluyendo a: Francisco Barcenas como ex secretario de Finanzas: Héctor Jiménez y Meneses, como ex titular de la Sedecap; Carlos Palafox Vázquez, como ex secretario de Obras Públicas; Carlos Arredondo como ex secretario de Gobernación; y Eduardo Macip, en su calidad de ex director del Fideicomiso de la reserva territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl. A este segundo grupo, se le estaría adjudicando una mala actuación en la donación onerosa de las 18 hectáreas a Ricardo Henaine.
El tercer grupo corresponde al gobierno de Mario Marín. Ahí los implicados son: Mario Montero Serrano como ex secretario de Gobernación; Javier García Ramírez, ex secretario de Obras Públicas; Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas; y Víctor Sánchez, como ex titular de la Sedecap. A ellos, se les quiere acusar de solapar a Henaine para que no ejecutara las cargas a las que estaba obligado por la donación onerosa del predio de Valle Fantástico.
