Pedirá licencia el alcalde de Monterrey por orden del PAN
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El panismo tradicional cobró la factura de más de 10 años contra Fernando Lazarrabal, por lo cual no le quedó más que aceptar ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y pedir licencia a su cargo por 30 días con la finalidad de que se le investigue por las acusaciones de corrupción que iniciaron con la difusión de varios videos en los que aparece su hermano Jonás recibiendo dinero.
Con ánimo de vengar viejas afrentas, el CEN del PAN le informó que también se separa del cargo Miguel Ángel García Domínguez, secretario de Desarrollo Humano de Monterrey para ser investigado por supuestas negociaciones con dueños de casinos.
En una reunión que el presidente municipal tuvo con la dirigencia nacional del PAN celebrada en la Ciudad de México, le comunicaron que el caso de que no aceptara su nueva condición, el partido demandaría públicamente que cumpliera con la orden, o se vería en libertad de desconocer la administración regiomontana.
El partido también solicitó al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, que se separen de sus cargos en lo que se investigan los hechos ocurridos en el casino Royale y supuestos actos de corrupción.
“Para que el Ayuntamiento de Monterrey y el gobierno del estado de Nuevo León cuenten con las condiciones óptimas para el desahogo de estas investigaciones, Acción Nacional ha enviado una comunicación escrita al Gobernador del Estado Rodrigo Medina, así como al alcalde Fernando Larrazabal solicitándoles que se separen de sus cargos en lo que se investiga el caso”.
Desde que se destapó el escándalo por el Casino Royale, el ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond fue uno de los panistas que llamó a no solapar a funcionarios vinculados al crimen organizado.
Incluso, su hijo Fernando Canales Stelzer, tiempo atrás acusó a Larrazabal haber “vendido la plaza” al “zar de los casinos”, que aseguró le había financiado la campaña.
Ahora, el edil de Monterrey deberá enfrentar investigaciones en las que podría no salir bien librado al comprobársele posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.
