Maestros disidentes reprueban modelo educativo impulsado por Elba Esther Gordillo
joomla.2009
Maestros disidentes exigieron al gobierno de Rafael Moreno Valle, anular la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) al tratarse de un modelo desgasto que desde 2008 cuando fue implementado por la presidente vitalicia del SNTE con los gobiernos estatales no ha dado resultados
Dos manifestaciones se realizaron afuera del lugar en Zacatlán, donde se llevó a cabo el sexto foro ciudadano del mandatario electo Rafael Moreno Valle Rosas; uno protagonizado por maestros disidentes que exigieron la anulación de la Alianza por la Calidad Educativa al calificarlo como un modelo gastado, mientras que la otra movilización fue realizada por habitantes de algunas comunidades que acusaron al juez de distrito por detenciones de pobladores con delitos fabricados.
A las 9 de la mañana una representación de 15 maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano encabezados por Miguel Guerra realizaban una manifestación al tiempo que se desarrollaban las mesas de trabajo del foro en un salón social de la localidad, donde el acceso fue restringido, ya que únicamente podían ingresar personas con previa acreditación o invitación, en cuyo lugar hubo un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores para evitar que intentarán los disidentes irrumpir en el evento.
Miguel Guerra calificó este foro como un acto de manipulación en que únicamente se toma la opinión de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no existe una verdadera consulta ciudadana, por lo que el movimiento disidente no iba a legitimar este evento con asistir.
Advirtió que Moreno Valle repetirá las mismas acciones que Marín Torres al mantener la ACE pese a ser un modelo desgasto que en tres años no ha dado resultados para los estados.
También unos 20 habitantes de las comunidades de Tepeixco,, San Pedro Atmotla, San Joaquín Tomantla, entre otras, se manifestaron afuera del foro para denunciar que el juez de Distrito en Zacatlán, Amadeo Fuentes, en complicidad con la policía ministerial, realiza sus puestos actos de extorsión contra lugareños, a quienes fabrica delitos para extorsionarlos y que si no le dan dinero los remite ante una autoridad federal para que los procese, pese ser en primera instancia de su competencia.
Los pobladores con pancartas exigieron al nuevo gobierno acabar con las corruptelas del juzgador, ya que a varios ha enviado a prisión a través de otra instancia.
