Juez suplente fue el que liberó al matavalets
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Los albazos que las autoridades dieron como regalo anticipado de Reyes a la ciudadanía poblana, ya comenzaron a brindar sus primeros dividendos: por un lado, organizaciones de estudiantes, trabajadores y profesionistas están levantando la voz para protestar por el alza de la tarifa del transporte público, que no se justifica porque los insumos han aumentado su costo –como pregonan en la agonizante administración gobierno estatal–, sino que es lesiva porque el servicio es deficiente, ineficiente, insalubre, peligroso y hasta mortal, como lo dejó clarísimo la Unidad 30 de la Ruta 77 A, que ayer por la tarde en pleno viaje se incendió sobre el bulevar Héroes del 5 de Mayo, frente a Plaza Dorada, poniendo en peligro de deceso a los usuarios y al chofer.
El otro madruguete de fin de año también está causando ámpula. Ayer, integrantes del Colegio de Jurisconsultos de Puebla reiteró que la liberación de Humberto Alan Ibarra Meza no sólo es contraria a la más elemental lógica del Derecho, sino que abona a la indignación popular que generan el tráfico de influencias y la impunidad.
Tan repudiada ha sido la excarcelación del llamado Matavalets, que funcionarios y personal del aparato de Estado se han dado a la tarea de complementar el expediente periodístico del homicida, quien a estas horas ya debe estar disfrutando de unas vacaciones a todo lujo en algún puerto lejano a playas mexicanas.
Los informantes aseguraron a este columnista emergente que todo lo dicho ayer sobre el ex subdirector de Seguridad Vial Estatal es cierto, salvo un dato: no fue la juez Rosa Elena Zárate Herrera la irresponsable liberadora de Ibarra Meza. El favor debe ser endosado a una serie de “casualidades” en las que salen a relucir apellidos de harto abolengo político en la entidad.
Vamos por partes:
Cuentan que desde que Humberto Alan Ibarra Meza fue puesto a disposición del Juzgado Séptimo de lo Penal, se sabía que su causa estaba perdida, su defensoría poco podía aportar al juicio y lo escaso que dio fue desechado por la titular, Rosa Elena Zárate Herrera.
Sin embargo, la suerte le sonrió al Matavalets cuando Zárate Herrera solicitó una licencia para ausentarse de su puesto para tomar un curso sobre el Sistema Oral Penal Adversial, que en términos legos no es otra cosa que los juicios orales.
Fue así que desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre del año pasado, la jueza no atendió ningún asunto del Juzgado Séptimo, porque en su lugar fue nombrado provisionalmente el licenciado Gabriel Salomón López, quien hasta antes de ese noble encargo estaba desempeñándose como secretario de la Tercera Sala de lo Penal, cuyo titular es el magistrado Manuel Ríos Torres.
Con una fidelidad asombrosa al término constitucional de justicia pronta y expedita, Salomón López se abocó a dictaminar sobre el caso de Humberto Alan Ibarra Meza y concluyó que el ex funcionario asesinó al acomodador de autos José de Jesús Huitzil en una pelea, aunque todo mundo sabe que eso es una falacia evidente, porque la víctima estaba desarmada y recibió cinco balazos de su verdugo, quien, además, disparó contra los testigos del crimen e hirió a otro valet.
Cuando Rosa Elena Zárate Herrera volvió a la titularidad del Juzgado Séptimo, el asunto prácticamente estaba resuelto, pero ella respetó el término de 10 días para que el Ministerio Público apelara la sentencia.
No obstante, el representante social, que debió haber actuado con particular espíritu inquisidor –dado que durante todo el juicio defendió la acusación de homicidio con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja–, se hizo de la vista gorda, se quedó dormido, no se enteró o simplemente no quiso mover un dedo para que se hiciera justicia.
Esta es la historia que se cuenta en los pasillos del Poder de cómo el Matavalets recuperó su libertad.
Viene ahora lo más interesante, por el coctel de nombres rimbombantes que aparecen en el culebrón: resulta que el licenciado Gabriel Salomón López fue recomendado ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia para sustituir provisionalmente a la jueza Rosa Elena Zárate Herrera, por quien era su jefe en el Jugado Tercero de lo Penal, es decir, por el magistrado Manuel Ríos Torres.
A su vez, el magistrado Manuel Ríos Torres logró el puesto como titular del Juzgado Tercero de lo Penal por recomendación de Melquiades Morales Flores, cuando el ahora senador era gobernador, el sexenio pasado.
Es cierto que en este episodio de la historia se puede argumentar que el senador Morales Flores, en su calidad de mandatario estatal, envío una terna para el nombramiento del titular del Juzgado Tercero, pero quienes esto contaron, juran y perjuran que el nombre del magistrado Ríos Torres era el primero en esa lista y que se recurrió a la tradición del dedazo para designarlo.
Lo cierto es que el senador Melquiades Morales Flores es hermano del diputado local electo Jesús Morales Flores, quien a su vez es padre de Jesús Morales Rodríguez, quien era director de Seguridad Vial Estatal cuando el Matavalets fungía como subdirector de la misma área y de quien se dice, era o es muy amigo de Ibarra Meza, aunque él ha negado rotundamente esas versiones.
Como un dato adicional tome usted en cuenta, amable lector, que el currículum de Ibarra Meza incluye una recomendación fechada en diciembre de 2001, firmada por Domingo Becerril, jefe de escoltas del entonces gobernador Melquiades Morales, debido a que siendo agente, el Matavalets prestó su ayuda valerosamente cuando el helicóptero del Poder Ejecutivo se precipitó en la zona del Popo–Izta, en el sexenio pasado.
