La Ley contra los pobres de Puebla
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Las modificaciones a la Ley Penal que sanciona el despojo, agravando las penas contra quienes cometan el delito en forma colectiva y contra los dirigentes y autores intelectuales del despojo, está dedicada a los solicitantes pobres de lotes y viviendas de todo el Estado de Puebla, que suman miles. Los considerandos que justifican las modificaciones a la ley, señalan que el despojo colectivo o invasión de predios ha generado asentamientos irregulares y frenado la inversión inmobiliaria; que los invasores “obtienen ganancias sin haber invertido”, y le crean un problema social al Estado o al municipio, al exigirles la creación de infraestructura para dotarlos de servicios-vialidades, luz, drenaje, limpia, etcétera, creando un espacio de impunidad, además de que los asentamientos humanos irregulares traen consigo mayores índices delictivos. Y rematan el planteamiento, afirmando que incrementando la sanción evitarán las invasiones. Una medida punitiva para resolver un problema social, aprobado servilmente por el Congreso de los diputados locales, que de ésta manera estrenan su curul.
Al respecto, es necesario aclarar lo siguiente:
El Movimiento Antorchista de Puebla no está contra las modificaciones a la ley contra el despojo, recientemente aprobadas. Contrario a lo que se ha difundido insistentemente en los medios de comunicación, Antorcha Campesina no promueve invasiones ni despoja de sus bienes a nadie; sí promueve la organización de los humildes solicitantes de lotes y viviendas para que mediante la compra de predios a sus legítimos propietarios resuelvan su problema. Los servicios, como es lógico, son gestionados de manera organizada ante las instituciones públicas encargadas del ramo. Todos los predios ocupados por los colonos antorchistas han sido pagados o están siendo pagados por los beneficiarios. En esas colonias se promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte, y la convivencia armónica entre todos los vecinos. Es cierto que en algunos casos acuden a la Organización grupos de personas que obligados por su necesidad y cansados de esperar la solución oficial a su problema invaden predios. Pero en todo momento, la Organización ha orientado a esas personas a entrar en contacto con quienes se acreditan como legítimos propietarios para que procedan al pago de los terrenos. Todo lo demás son inventos para desprestigiar el trabajo social realizado por el Movimiento Antorchista de Puebla. Por lo mismo, no necesitamos de la complicidad ni de la tolerancia oficial de ningún gobierno.
Si el nuevo gobierno considera necesario brindarles mayor seguridad a los empresarios inmobiliarios para que inviertan sus capitales en Puebla, está en su derecho de hacerlo y los diputados locales en libertad de respaldarlo. Lo que no pueden hacer por ningún motivo es dejar de lado las necesidades de la población más desprotegida del Estado, que por sus bajos ingresos y la falta de un empleo seguro, no tienen la capacidad económica para acceder a los créditos y programas de vivienda ofertados por el capital inmobiliario y, en menor medida, por las instituciones públicas estatales y federales.
Menos aún, puede el gobierno estatal, pasado o presente, despojar a ejidatarios y humildes labriegos de sus predios rústicos con el recurso legal que permite la ley de expropiación, para alentar la inversión privada en el Estado mediante la donación de terrenos a los capitalistas de toda laya.
Baste un ejemplo: con el pretexto de crear una reserva territorial para la zona metropolitana que permitiera ordenar el crecimiento urbano y el equilibrio ecológico, y contemplara la construcción de miles de viviendas de interés social, en 1992 el gobierno estatal y el congreso local expropiaron 1081 hectáreas de terrenos de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Santiago Momoxpan y la Trinidad Chiautenco, pagándoles a los ejidatarios aproximadamente 20 pesos por metro cuadrado.
A nueve años del despojo legal de los ejidatarios, las casas de interés social no aparecen por ningún lado y en los predios que hoy constituyen la Reserva Territorial Atlixcáyotl – Quetzalcóatl, se encuentran construidos Hoteles de gran turismo, lujosas plazas y cadenas comerciales, edificios de oficinas y departamentos que se cotizan en miles de dólares, fraccionamientos residenciales de primer mundo (tipo Hollywood) para la crema y nata del capital mexicano, hospitales de los más caros del país, instituciones educativas de alta exclusividad, agencias automotrices, etc. La infraestructura para dotarlos de servicios, vialidades, alumbrado, drenaje, limpia, etc., corrió a cargo del erario estatal y tuvo un costo de 466 millones de pesos (¡más del doble de lo que el gobierno pagó por la expropiación de los predios!). Los predios que el gobierno estatal en turno les donó a los empresarios, les generan ganancias fabulosas sin haber invertido inicialmente ni un solo peso. Lo cual quiere decir que la falta de inversión inmobiliaria en el Estado no constituye un problema, porque a los empresarios les donan los terrenos y les construyen la infraestructura totalmente gratis, a costa de los impuestos del pueblo trabajador.
Las modificaciones a la ley realmente tienen el propósito de disuadir a los solicitantes pobres de lotes y viviendas, para que no le exijan al Estado la solución de éste agudo problema social y lo más grave no brindar servicios públicos, quedando obligados así a recurrir a la iniciativa privada. Con el garrote de la ley, quieren que el pueblo pague la infraestructura social (agua, luz, drenaje, etc.) que el gobierno está obligado a proporcionar.
Suma y sigue: prestanombres ligados a ex funcionarios del gobierno estatal están cercando grandes extensiones de terrenos ejidales de los campesinos de San Andrés Azumiatla, con la impunidad que les brinda el respaldo del poder oficial. Pretenden crear grandes superficies de terrenos con vistas a la construcción de lujosas zonas habitacionales y plazas comerciales que les generen exorbitantes ganancias, sin ninguna inversión inicial.
¿Y qué hacemos con los pobres? Esperamos que el nuevo gobierno estatal y su complaciente Congreso local legislen, modificando y reformando el Instituto Poblano de la Vivienda del Estado, para garantizar el cumplimiento del artículo 14 constitucional, que en la parte correspondiente, a la letra dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Desconocemos las verdaderas intenciones del Gobierno Estatal y del Congreso local; pero si creen que con el garrote de la ley en la mano, las amenazas de encarcelamiento, los desalojos de colonias cuyos habitantes están pagando sus lotes a los legítimos propietarios (aunque todavía son irregulares por tecnicismos jurídicos), van a resolver el problema social de los solicitantes de lotes y viviendas, están muy equivocados, y lo único que van a conseguir es que el pueblo organizado reaccione con manifestaciones contra la política impopular que se avizora.
La experiencia mundial nos dice que el pueblo ya no aguanta más a los gobiernos que benefician única y exclusivamente a los empresarios, a costa de mantener en la más brutal indigencia a la mayoría de la población. Al tiempo.
