El trasfondo de las iniciativas de ley
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Empezó el sexenio con un alud de iniciativas, enviadas al Congreso por el Ejecutivo estatal. Pareciera que le urge mucho que se realicen cambios sustanciales a la legislación local. Los cambios a la ley de administración, pueden resultar congruentes con los planes del nuevo gobierno, para unificar secretarías o desaparecer las que no le convienen. ¿Pero a quién le interesa que se despenalice la bigamia y sólo se conserve como causal de divorcio?, alguien del gabinete se habrá casado, sin divorciarse? Sobre todo sabiendo, como sucedió, que los diputados panistas iban a poner el grito en el cielo y que se haría evidente la incongruencia de las alianzas entre partidos de ideologías opuestas.
Tanto el diputado perredista (¿) Antonio Gali, como Miguel Ángel de la Rosa, dirigente del PRD en el estado, han declarado que aunque en la campaña acordaron no tocar los temas que los confrontan con el PAN, eso no vale para el Congreso y que en marzo se realizarán foros de consulta popular sobre la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ello a pesar de la opinión del presidente de la Comisión de gobernación Juan Carlos Espina von Roehrich (¡órale!) quien desechó la posibilidad de que el Congreso local pudiera discutir sobre dichos tópicos por la divergencia entre los diputados de la coalición “Compromiso por Puebla”. Veremos qué opinan los que se encomiendan a Dios para que los ilumine al trabajar, y después secuestran a los empleados para obligarlos a firmar en blanco.
“La Ley Mordaza”, la que despenaliza los delitos de calumnia y difamación y regula el daño moral, que ya existe en el Código Civil del Estado de Puebla, y el derecho de réplica, ha despertado una serie de suspicacias.
En primer lugar ¿por qué la insistencia en este cambio? No era suficiente con lo establecido en la legislación? ¿A quién beneficia esta nueva regulación del daño moral?
Rafael Moreno Valle envió una iniciativa, cuyo dictamen fue sacado de la orden del día el 8 de febrero. Posteriormente se reunieron los líderes parlamentarios con el procurador General de Justicia Víctor Carrancá Bourguet, (perredista) y el consejero jurídico Juan Pablo Piña Kurecyn (cuyo padre manifestó siempre una fobia por los periodistas) para hacerle reformas, mismas que se presentarán al pleno en la sesión del día 22.
Al artículo 1958 del Código Civil se le agregaron los términos “sentimientos”, “aspectos físicos” y “vida privada” para definir el concepto de daño moral. Y establece que “toda persona que publique cualquier tipo de escrito tendrá la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades y particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan en artículos, editoriales, columnas, párrafos, reportajes, entrevistas y similares, siempre que la respuesta se dé dentro de los 8 días naturales, siguientes a la publicación”. Con esta redacción se deja fuera a las televisoras, que hasta el momento son las mayores recipiendarias de la publicidad gubernamental.
Además la multa a quien cometa daño moral, será de 85 mil pesos máximo, pero a iniciativa de los panistas las sanciones serán dirigidas contra el medio de comunicación y no contra el reportero o periodista.
Como podemos ver, el daño moral tiene una extensión subjetiva, que a criterio del juez, en este estado, empleados del gobernador en turno, puede abarcar cualquier tipo de comentario. Y el que la multa sea para los medios de comunicación, provocará una censura de los directivos a sus colaboradores con el pretexto de que sus escritos podrían ser causantes de una demanda por daño moral.
Seguramente muchos periódicos ya estarán redactando sus Códigos de Ética, los cuales comprenderán como limitaciones a la libertad de expresión, el no tocar ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios de primer nivel, no sea que se vayan a vulnerar sus “sentimientos” y les retiren los convenios de publicidad.
Asimismo veremos cómo se alejarán de algunos medios los columnistas incómodos, que podrían con sus opiniones lesionar las relaciones con el gobierno de Puebla. Al tiempo.
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