Contraloría auditará exhaustivamente a García Ramírez, Arango, Macip y Meneses
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El primero de mayo comenzará la auditoría conjunta entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría estatal a cinco programas que el gobierno de Mario Marín ejerció con dinero federal, como Oportunidades y Seguro Popular; en octubre se iniciará una segunda auditoría a otros cinco programas federalizados, que será encabezada por la Contraloría poblana.
La titular de esta última dependencia, Patricia Leal Islas, confirmó que las áreas sujetas a escrutinio exhaustivo serán Obra Pública, Secretaría de Salud, Issstep, Soapap, Carreteras de Cuota, Gobernación, Instituto Poblano de la Vivienda y Desarrollo Social; en esta última se iniciará una auditoría la semana entrante. Además se le ha pedido a los delegados contralores en todas las dependencias que derivado de los procesos de entrega-recepción se inicie un “mapeo” de las secretarías donde se encuentren “algunas situaciones que puedan ser susceptibles de una revisión de 2010, y si en un momento dado encontramos elementos, nosotros iniciaremos procedimientos de determinación de responsabilidades”.
Aunque el 3 de marzo se vencieron los 20 días que se establecieron en los lineamientos para revisión de las actas institucionales, “no así las entregas de cada área administrativa de todas las unidades administrativas (sic) de las secretarías, que a su vez son 20 días para cada área, pero sí nos va a permitir tener una primera percepción de cuáles son las áreas que tienen problema”.
La funcionaria morenovallista recordó que los plazos que señala la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para fincar responsabilidades por anomalías son: un año para cuestiones administrativas y tres para patrimoniales; lo anterior tiene que estar respaldado en un expediente producto de auditorías o revisiones para que se pueda documentar alguna “conducta inadecuada” que pueda devenir en un proceso jurídico.
Leal agregó que se está haciendo un cruce de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación con los recursos ejercidos por el gobierno marinista de los que tiene registro la Secretaría de Finanzas; “estamos en este plazo de mandar a las secretarías que salieron con observaciones como la SEP y Salud, y se empezarán a hacer los cruces y proceder conforme a la ley”.
Incomunicación
En el gobierno de Mario Marín, diversas áreas de la Contraloría estatal generaban mucha información que no compartían con otras de su mismo rango, dijo Leal al explicar parte de las irregularidades administrativas que se hallaron con el cambio de gobierno.
Por ejemplo, dijo, se elaboraban los dictámenes de una auditoría pero no se los pasaban a la subsecretaría de Desarrollo Administrativo, así no se podían corregir los vicios detectados; “estamos armando un equipo de trabajo en donde todos se hablen, todos se platiquen, todos se coordinen y todos sepan lo que todos hacen; que la información de un área se pueda proporcionar a otra y darle continuidad a su trabajo y mejorarlo”.
A la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo, en administraciones pasadas no se le dio la importancia debida “y nosotros sí pensamos dársela porque es la que define procesos, manuales de procedimientos, y se enfoca a hacer que los funcionarios públicos presten sus servicios de manera más eficiente”.
