Investigan por corrupción a titular de Pueblos Indígenas
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La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados federal ha iniciado una investigación contra el director de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Abreu Sierra, por diversas acusaciones de presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentran los expedientes de obras de 3 municipios poblanos –por un monto de 37 millones de pesos– y la construcción de baños ecológicos, así como el trato privilegiado que se otorgó a un conjunto de empresas.
El jueves de la semana pasada, el panista yucateco Xavier Abreu había sido llamado a comparecer ante la Comisión de Asuntos Indígenas, pero la sesión se suspendió de última hora, al parecer por petición del director de la CDI, en lo que era el primer intento de indagar acerca de una supuesta red de corrupción dentro de ese organismo. Esto ocurrió luego de que la Secretaría de la Función Pública determinó que hubo un daño por 60 millones de pesos en la construcción de baños ecológicos como resultado de que no se supervisó el cumplimiento de contratos.
Dicho asunto a quien pone contra la pared es a José Antonio Aguilar Santisteban, quien fue muchos años encargado del extinto Instituto Nacional Indigenista y en 2008 salió del CDI, para después ser nombrado director técnico de la Secretaría de Desarrollo Social de Puebla. Su lugar fue ocupado por Anahí Romero Alonso.
Al mismo tiempo, a quien beneficia es a Anahí Romero Alonso, pues se constata que su salida en 2010 del cargo de delegada de la CDI en el estado de Puebla, fue por las presiones que ejercieron en su contra debido a que descubrió un fraude que se cometieron con un conjunto de obras en los municipios indígenas de Olintla, Naupan y Tlacuilotepec, además de frenar las anomalías con la construcción de una carretera en Zacapoaxtla, entre otros asuntos.
Como consecuencia de su actuar se desató una guerra de presiones contra Romero Alonso –que provocó su renuncia– hacia el interior de la CDI, la cual era producto de que se negó a ocultar el fraude antes mencionado y a beneficiar a un grupo de empresas, entre ellas Electroconstrucciones, que no habían cumplido con una serie de contratos y querían cobrar la realización de obras en los municipios de Olintla, Ajalpan y Zapotitlán Salinas.
La investigación contra Xavier Abreu se inició por un punto de acuerdo que presentó ante la Cámara de Diputados un grupo de ocho legisladores del PRI originarios de Yucatán, en donde el director de la CDI fue candidato del PAN a la gubernatura. Las indagatorias se dirigen a buscar aclarar supuestos actos de corrupción cometidos en Puebla, Campeche, Yucatán y en la compra de grandes lotes de vacunas contra la influenza que al parecer se habrían adquirido a un sobreprecio.
Para el caso de Puebla se estaría investigando lo siguiente:
En el año 2007 se tenía programado la construcción de un camino en el municipio de Naupan, mismo que nunca se realizó y hasta la fecha, sigue pendiente que se inicien los trabajos. Mientras que en Tlacuilotepec se hizo una carretera, pero dos grandes tramos no reúnen las especificaciones técnicas mínimas. Y al municipio de Olintla se le dotó de una carretera, que a los pocos meses ya había perdido la mayoría de la cinta asfáltica.
Cuando en 2008 llegó al cargo de la CDI, Anahí Romero Alonso se percató que no solamente el organismo había solapado dichas anomalías, sino que pagó al 100 por ciento la construcción de esas obras por un monto de 37 millones de pesos y no inició ningún procedimiento por incumplimiento de contratos.
Ahí no terminó todo. Meses más tarde descubrió que las mismas empresas que habían incumplido en los tres municipios anteriores, ahora tenían contratos en Olintla, Zapotitlán Salinas y Ajalpan, donde de nueva cuenta querían cobrar las obras sin haberlas terminado, razón por la cual les canceló el pago de 25 de los 50 millones de pesos que implicaban dichos trabajos.
Otra situación especial es que en Zacapoaxtla el anterior alcalde de extracción priista, Justino Guerrero Lillo, otorgó a la empresa Procesa la construcción de una carretera, la cual se inició tarde y no tenía las especificaciones técnicas. Por esa razón, en 2008, Alonso Romero le exigió al edil que devolviera los 11 millones de pesos que se le habían entregado para el proyecto. El presidente municipal nunca restituyó el dinero.
Lo sorprendente es que en el año 2010, la CDI, en lugar de exigir la devolución del dinero por una carretera que nunca se construyó, ya que cuando al edil le hicieron las observaciones técnicas mandó a destruir los tramos en que se había avanzado en la construcción de la vía, recibió un nuevo presupuesto, ahora de 12 millones de pesos para tres obras nuevas.
Alonso salió de la CDI en junio de 2010, por las presiones que recibió de Carlos Gutiérrez Ocampo, quien era el coordinador general de Administración y Finanzas de la CDI, y quien recientemente fue removido. También por José Camacho Hinojosa quien es el director del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Obviamente, por presiones que había desde la Sedeso al parecer por parte de José Antonio Aguilar Santisteban.
Agüera mantiene intacto su liderazgo
Aunque todavía no se tienen los datos definitivos, le elección del pasado jueves en la UAP confirmó que el liderazgo del rector Enrique Agüera Ibáñez sigue intacto, ya que de 145 sitios del Consejo Universitario que estuvieron en juego, se estima que unos 138 fueron ganado por candidato del grupo político agüerista.
La calificación de la elección será mañana y el próximo jueves tomarán protesta los nuevos consejeros, luego de una votación que resultó sorpresiva, ya que acudieron a las urnas poco más de 75 por ciento de los universitarios inscritos en el padrón, lo que muestra un alto interés en este proceso.
Pese a que en un número importante de unidades académicas hubo candidatos de unidad, al final los comicios estuvieron reñidos, ya que hubo una alta competencia en Físico–Matemáticas, Computación, Electrónica y Filosofía y Letras, en donde salieron bien librados los candidatos cercanos a la corriente política del rector.
Tales resultados muestran con claridad que la campaña mediática que Televisa desplegó –impulsada por la derecha– hace algunos meses contra Enrique Agüera no hizo mella en la comunidad de la UAP, ni alteró los liderazgos dentro de la principal universidad pública del estado ni consiguió el objetivo de desestabilizar a este centro de estudios.
