Imposible conocer en Puebla sanciones a servidores públicos
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En la década reciente en Puebla se determinaron sanciones contra al menos 300 servidores públicos, entre los que había desde empleados de modestos cargos operativos hasta ediles, quienes cometieron desde pequeñas faltas administrativas hasta desfalcos al erario. Sin embargo, por la opacidad prevaleciente en los órganos encargados de aplicar los castigos, se ignora si las acciones punitivas se aplicaron e incluso se sospecha que muchas pudieron ser canceladas sin justificación.
De 1999 a 2009 el Congreso del estado determinó sancionar a 159 presidentes municipales con multas millonarias, inhabilitaciones e incluso el inicio de procesos penales por irregularidades en la ejecución de recursos públicos, pero hasta ahora nadie sabe, salvo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), si los castigos aprobados por los diputados se ejecutaron sobre dichas autoridades
El OFS se rehúsa a proporcionar información a legisladores y medios de comunicación sobre la aplicación de los castigos a ediles, con la excusa de que son otras instancias las que se encargan de hacer cumplir las sanciones.
Para el diputado priista Víctor Hugo Islas Hernández, el titular del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, se niega a transparentar la información para ocultar los actos de corrupción que se comenten en la aplicación de sanciones, algunas de las cuales jamás se llegaron a ejecutar o de plano se cancelaron sin razón jurídica de por medio.
Una situación similar prevalece en el gobierno estatal: la actual administración, encabezada por el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, se encuentra en este momento haciendo la revisión de los expedientes que anteriores gestiones dejaron sobre los servidores públicos y funcionarios que fueron sancionados o a los que se inició un proceso de responsabilidades.
Fuentes de la Secretaría de la Contraloría dijeron a esta casa editorial que se calcula que en la década pasada pudieron haberse iniciado más de 500 procesos de investigación y aplicado más de 100 sanciones, pero aclararon que es aventurado especificar una cifra y saber cuáles fueron las sanciones dictaminadas y si éstas se aplicaron.
Por lo pronto el OFS está analizando los expedientes correspondientes a la cuenta pública 2010 de los 217 ayuntamientos.
Además, durante 2010 el ayuntamiento de Puebla inicio ocho procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades contra funcionarios y servidores públicos. Se trata de sanciones administrativas que la Contraloría del gobierno capitalino aplicó contra igual número de personas por algún acto de corrupción o abuso de autoridad.
Durante los tres años de la pasada gestión de la Comuna se aplicaron un total de 48 sanciones contra empleados municipales, 90 por ciento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Según el último informe del contralor Mauro Uscanga Villalobos, durante el pasado trienio hubo un total de 674 quejas atendidas lo que significa que sólo 7 por ciento de las denuncias presentadas contra funcionarios y servidores públicos del ayuntamiento se convirtió en una sanción.
71 por ciento restante, 479 denuncias, fue archivado “por falta de elementos de prueba”, y 21 por ciento adicional –147 denuncias– se quedó en el limbo del proceso de entrega–recepción, pues estaba en “investigación” cuando ocurrió el cambio de gobierno.
A pesar de las sanciones, no existe ninguna garantía ni seguridad de que realmente éstas se hayan aplicado, como tampoco existe información alguna sobre el monto, los alcances y metas que tuvieron en la administración pública, pues el informe de Uscanga Villalobos respecto a este tema sólo se limita a un párrafo de seis líneas.
Sanciones ¿efectivas?
El portal de internet del OFS cuenta con una sección en la que informa el estatus de las cuentas públicas revisadas por el Congreso del estado en los últimos 10 años. Ahí se informa cuáles han sido sancionadas, cuáles enfrentan Inicio de Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidades y cuáles están aprobadas.
Sin embargo, no detalla las sanciones impuestas ni los montos de las irregularidades cometidas por los responsables de la cuenta. Tampoco da a conocer si se ha dado cumplimiento a las sanciones.
La Jornada de Oriente revisó el informe que proporciona el OFS de cada uno de los 217 municipios, del cual se desprende que el Poder Legislativo ha sancionado a 159 ediles por mal manejo de recursos y emprendido el Inicio de Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidades contra otros 125.
De los 217 ayuntamientos del estado sólo 23 por ciento, es decir 51, tienen todas sus cuentas aprobadas, mientras los restantes enfrentan sanciones o Inicio de Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidades que es un procedimiento que podría derivar en sanciones, en caso de que los sujetos de revisión no solventen los pliegos de cargos del órgano de fiscalización.
Un caso que pone en duda la efectividad de las sanciones impuestas por el Poder Legislativo es el de Porfirio Loeza Aguilar, quien fue inhabilitado por 11 años para desempeñar cargo público, recibió una sanción económica por 13 millones 357 mil pesos y se le ordenó la restitución de 13 millones 357 mil por cometer daño patrimonial como edil Tlatlauquitepec en 2006.
Sin embargo, un amparo permitió a Porfirio Loeza Aguilar rendir protesta como alcalde del mismo municipio en febrero pasado, cargo en el que se mantiene en la actualidad.
Bloqueo de información
Ante la escasa información, Víctor Hugo Islas solicitó de manera escrita al OFS un informe detallado sobre las sanciones impuestas, la forma en la que se ha restituido el patrimonio público, los amparos ganados por los sujetos de revisión que enfrentan sanciones.
El diputado priista envió la petición al órgano de fiscalización el 14 de febrero pasado, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, pese a que a mediados de este mes lanzó un llamado de atención a Hernández Quintana en un encuentro de la Comisión Inspectora del Congreso por rehusarse a transparentar información de carácter público.
Una respuesta similar dio el OFS a una solicitud de información realizada por este rotativo al área de Comunicación Social del órgano, a cargo de Maverick Molina Blancas.
La Jornada de Oriente pidió un reporte sobre el número de alcaldes inhabilitados por el Congreso y encarcelados por irregularidades en la administración de los recursos públicos, así como el monto de las multas pagadas.
Tras dos semanas de espera, el OFS respondió de manera escrita que no podía proporcionar la información por diversos motivos, entre ellos que la justificia federal no ha notificado el estatus de los amparos emprendidos por los sujetos inhabilitados y que la información de las multas está en posesión de la Secretaría de Finanzas del estado.
Difusión a conveniencia
En Puebla lo poco que se conoce sobre el proceso posterior a las sanciones que impone el Congreso ha salido a la luz pública por declaraciones mediáticas del mismo titular del OFS.
En una conferencia de medios que encabezó en diciembre pasado Víctor Manuel Hernández Quintana, informó que en sus tres años de administración ocho alcaldes fueron encarcelados por malversación de recursos, pero se rehusó a proporcionar los nombres y los municipios que gobernaron.
En el mismo acto, dio a conocer que de 2007 a 2010 el Congreso emprendió 236 procesos administrativos de determinación de responsabilidades contra ediles y funcionarios de órganos descentralizados.
El auditor general del estado precisó que 69 casos se remitieron al Ministerio Público para que se apliquen sanciones de carácter penal, de los cuales se han integrado 35 averiguaciones previas, mientras 34 se encuentran en proceso.
