Senado aprueba reelección inmediata de alcaldes y diputados
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El Senado aprobó ayer la reforma política, que da luz verde a la reelección sin límite de legisladores federales y estatales, candidaturas independientes, el veto presidencial acotado al Presupuesto de Egresos, la consulta popular y abre la puerta a la reelección de alcaldes.
Ahora, la enmienda que lleva a la Constitución una decena de nuevos derechos será enviada a la Cámara de Diputados, cuando faltan dos días para que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
De último momento, tras una discusión que implicó nueve horas continuas de trabajo, el panista Ramón Galindo convenció a sus compañeros de apoyarlo para que la reforma permita que las Constituciones de los estados definan las bases para la elección de los ayuntamientos, con lo cual, quien lo decida, optará por la reelección.
Sin embargo, la bancada priista en San Lázaro dejó entrever que la reforma política no será analizada en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones.
Senado avala reelección inmediata… sin límites
Con el voto en contra de una parte de la izquierda, el Senado aprobó ayer la reforma política que lleva a la Constitución una decena de nuevos derechos como la reelección sin límite de legisladores federales y estatales, candidaturas independientes, el veto presidencial acotado al Presupuesto de Egresos de la Federación, la consulta popular y abre la puerta a la reelección de alcaldes.
Anoche, en el último momento de una discusión que implicó nueve horas continuas, el panista Ramón Galindo emitió un emotivo discurso desde tribuna con el cual convenció a sus compañeros de apoyarlo para que la Carta Magna incluya que las Constituciones de los estados definan las bases para la elección de los ayuntamientos, con lo cual, el que lo decida, optará por la reelección.
La propuesta de Ramón Galindo logró 60 votos en favor y tuvo 26 en contra, la mayoría del PRI, con lo cual verificó las dos terceras partes requeridas para una reforma constitucional, y de esta forma venció el bloque formado por PAN, PRI, PVEM y una parte del PRD que rechazó en automático las 20 propuestas de Pablo Gómez, Tomás Torres, Ricardo Monreal, Dante Delgado, Emma Larios y Marko Cortés.
Pero lo que sí respaldaron todos fue la reelección sin límite de los legisladores federales y estatales.
Y es que con esta reforma, una persona puede elegirse para el Senado, donde tendrá derecho hasta a una reelección consecutiva, lo cual lo llevaría a ocupar un escaño durante 12 años seguidos, y al concluir esa posición, puede elegirse como integrante de la Cámara de Diputados, donde tendrá derecho a hasta dos reelecciones, lo cual le permitiría ocupar una curul durante otros nueve años, con lo que puede sumar 21 años como legislador federal.
Pero además, después de concluir esa posición puede optar por ser nuevamente senador, donde otra vez podría reelegirse en dos ocasiones; es decir, otros 12 años.
Y es que ayer, durante la maratónica sesión del pleno del Senado, en la cual se dedicaron nueve horas a discutir uno por uno los 16 artículos que conforman la reforma política, así como tres de los seis artículos transitorios, el pleno aprobó una aclaración en los artículos 59 y 116 para disponer que la reelección inmediata de legisladores federales y estatales no cancela la elección mediata que existe actualmente.
“Como ahora quedará establecido que está permitida la reelección inmediata, no vaya a haber quienes hagan una interpretación ahora a contrario sensu, de que queda prohibida la reelección mediata”, explicó desde tribuna el perredista Arturo Núñez, quien presentó siete correcciones al texto, con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
La reforma política oficializó candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, consulta popular, iniciativa preferente, veto presidencial acotado al Presupuesto de Egresos de la Federación, reelección consecutiva de legisladores, actualización de la cláusula de gobernabilidad de la ALDF y la ratificación del Senado a los nombramientos presidenciales de los integrantes de las comisiones Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Federal de Competencia (Cofeco) y Reguladora de Energía (CRE).
Proceso inédito
Pero su proceso de aprobación registró un avance inédito y lento. Inédito, porque al reservarse absolutamente todos los artículos que la componen, incluidos tres de sus seis transitorios, la aprobación en lo general, que incluyó los artículos no reservados, sólo incluyó a los transitorios Primero, Segundo y Sexto, referentes al periodo para la entrada en vigor, la aplicación de la reelección legislativa en 2012 y la derogación de disposiciones que se contrapongan.
Y lento, porque al reservarse todos los artículos se requirieron nueve horas para desahogarlas.
Rechazan que sea light
La reforma política nació así con una serie de críticas emitidas por legisladores de prácticamente todos los grupos parlamentarios, emitidas a lo largo de ocho horas continuas de consecución de monólogos, con excepción de los priistas y el Verde Ecologista, quienes jamás subieron a tribuna durante el debate, pero sí lo hicieron para defenderla cuando se habló de ella en lo general.
Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó que se trate de una reforma política light e insistió que es una reforma de gran calado.
Destacó que esta decisión convierte a los integrantes del Senado en legisladores responsables, empeñados en modernizar el andamiaje jurídico y eficientar las instituciones.
Jesús Murillo Karam aseguró que con esta reforma “prevemos la posibilidad de seguir manejando los asuntos del país en la paz, en el debate; conjugar en la diferencia de opiniones la posibilidad de la coexistencia pacífica, política y social”.
Van a contrarreloj por cambios electorales
A sólo 48 horas de que finalice el periodo ordinario de sesiones, el Senado trabaja a contrarreloj para sacar los ajustes a la ley electoral en materia de spots, equidad de género, incluidas las llamadas Juanitas, y mejores reglas para castigar los excesos de los servidores públicos en procesos electorales, pues el Congreso de la Unión sólo tiene hasta julio para concretar estos cambios.
Ayer, durante una reunión en la que se distribuyó un borrador del dictamen, en el cual se incluyó la posibilidad de que no sean spots, sino bloques para que se transmitan mensajes, propuestas e incluso breves intercambios de ideas entre candidatos, los priistas, panistas, perredistas, verdeecologistas, petistas y de Convergencia refrendaron su disposición política para concretar estos cambios.
Sin embargo, el debate de la reforma política, así como el de lavado de dinero, entre otros temas, consumió gran parte del tiempo de discusión, y aunque comenzaron a hacer llegar observaciones, todavía no había acuerdo total en el documento completo, sobre todo en materia del llamado sistema de impugnación de la elección presidencial.
Los senadores de todos los partidos incluso discutieron la posibilidad de abrir un periodo extraordinario, para lo cual tendrán que acordarlo con la Cámara de Diputados, porque el proceso electoral federal de 2012 arranca en octubre próximo y sólo se pueden hacer cambios en materia electoral hasta 60 días antes; es decir, a más tardar en julio, cuando todavía está el receso de verano del Congreso.
En este contexto, ayer los panistas Ricardo García Cervantes y María Serrano presentaron una iniciativa para tener más claridad en la definición de los delitos electorales; entre otros puntos, para castigar con prisión hasta por tres años a quien “realice actos de campaña o presione a uno o más ciudadanos con el fin de orientar el sentido del voto, o para que se abstengan de emitirlo, el día de la elección o en los tres días anteriores a la misma; o bien, difunda propaganda electoral en el interior de la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes”.
De igual forma para quien traslade “correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral o en el ejercicio de atribuciones legales de los servidores públicos electorales. La pena se aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia contra los servidores públicos electorales, con independencia de la pena que corresponda por la comisión de otro u otros delitos”.
La misma pena para quien “impida con violencia la instalación, o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentarán de dos a siete años de prisión, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos”.
