Lo cierto de las reformas laboral y de seguridad
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A nivel nacional, el PAN está tratando de engañar – nuevamente – a la sociedad al culpar al PRI por la falta de reformas estructurales en los ámbitos laboral y de seguridad, ya que los diputados federales panistas andan en campaña diciendo que son sus homólogos priístas y perredistas quienes se niegan a aprobar las “propuestas” del presidente Felipe Calderón en estos temas.
Lo que los legisladores panistas no aclaran es que los proyectos de ley que les envió Calderón Hinojosa en materia laboral y de seguridad pública y que ellos están ansiosos por levantar la mano para aprobarlas, incluyen graves afectaciones a los derechos de los trabajadores y a las garantías individuales a los mexicanos y, por lo mismo, los diputados del PRI no las han aprobado.
Veamos: la propuesta del PAN de reforma laboral implica grandes cambios al rubro de contratación y capacitación inicial y extiende los periodos de prueba en que los trabajadores no tendrán derechos plenos.
Es claro que estas disposiciones violentan las prerrogativas del sector laboral.
Además, el proyecto del PAN quiere otorgar a la parte patronal facultades, para que intervenga en cuestiones sindicales al darle la atribución legal de pedir – directamente – que las autoridades laborales dictaminen sobre la legalidad o no de las huelgas, sin que el propio sindicato haya hecho lo propio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva.
El proyecto calderonista de reformas a la Seguridad Pública es todavía peor, porque – según ONGS protectoras de Derechos Humanos – quiere legalizar violaciones a las garantías individuales y el abuso del poder gubernamental con el pretexto de la seguridad nacional. En concreto, lo que quieren el presidente y el PAN que se apruebe en el Congreso de la Unión es la regularización de la participación de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden.
Además, intentan criminalizar la protesta social pacífica, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y, por si fuera poco, quieren que prevalezca la ausencia de controles democráticos y legales sobre la actuación de la FAP en la atención a supuestas “afectaciones a la seguridad interior”.
De aprobarse lo último, la jurisdicción legal de los militares sobre los civiles se incrementaría notablemente y no habría forma en que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial pudieran evitar o sancionar las violaciones que algunos miembros de las fuerzas armadas cometan contra los derechos humanos de la gente.
Este contexto deja claro que lo que quieren el gobierno federal y el PAN es que se aprueben –sin el necesario análisis en el poder legislativo y sin el consenso social– proyectos que atentan contra derechos importantes de los mismos trabajadores y ciudadanos… a los que las malas políticas del gobierno federal en materia de seguridad y economía los ha dejado sin empleo y en medio de una grave de crisis de violencia e inseguridad.
