CAIP se divide por caso Coofia
joomla.2009
Aunque la semana pasada las integrantes de la CAIP, Lilia Vélez y Blanca Lilia Ibarra, votaron a favor de que la Secretaría de Finanzas haga público el convenio con la defraudadora Coofia; este jueves su compañero Samuel Rangel, presentó un dictamen en sentido contrario, de otro solicitante de dicha información
Pese a que la semana pasada, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Lilia Vélez, integrantes de la Comisión de Acceso para la Información Pública (CAIP) votaron a favor de que se entregara a un solicitante copia del contrato entre el gobierno y Financiera Coofia, aún con la negativa de Samuel Rangel Rodríguez, comisionado presidente del organismo, éste en otro caso similar dio la razón a la administración marinista de no dar el documento, al justificar que se trata de información que está dentro de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia.
Este jueves en sesión, el titular del organismo que le tocó presentar la ponencia de la petición de Mayra Isabel Martínez Escamilla, con el número de expediente 10/SFA-03/2010, señaló que eran válidas las razones por parte de la Secretaría de Finanzas de reservarse la entrega del contrato firmado con la empresa, ya que de hacerlo significaría incurrir en una responsabilidad en la Ley de Transparencia.
Sin embargo, este mismo argumento utilizó Rangel Rodríguez, el 6 de agosto cuando se discutió la solicitud de Augusto Pascual Escoto con expediente 11/SFA-04/2010, en que Vélez señaló que se trataba de información pública el contrato y no había justificación para no dársela al solicitante, por lo que al votar las dos comisionadas se impusieron contra el voto de él y determinaron que se le entregara la copia requerida.
De nueva cuenta, las integrantes de la CAIP mostraron su desacuerdo ante la ponencia del comisionado presidente.
Lilia Vélez señaló que no es la primea vez que la Secretaría de Finanzas se niega a entregar copia del contrato con Coofia, ya que en las otras dos ocasiones, una de ellas hecha por Josefina Buxade en 2008, es decir, un año antes de que se descubriera el mega fraude en agravio de 22 mil 948 clientes con 924.7 millones de pesos también tuvo la misma postura, y que fue secundada por Antonio Juárez Acevedo, ex titular del organismo y Samuel Rangel.
Al no llegarse a un acuerdo tras la ponencia del comisionado presidente, ahora toca a Vélez volver a presentar sus argumentos que son igual a los que tuvo en el caso de Augusto Pascual, para que sea en fecha por definir qué se dé el mismo resolutivo y que secundará Ibarra Cadena.
