El penoso caso Radilla
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No sé cuál será el desenlace del caso Radilla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por sí mismo ya resulta un agravio. Esta semana el máximo tribunal de nuestro país decidió aplazar su resolución, porque no estaba de acuerdo -esa lectura es intrínseca- con acatar la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
MEMORIAL
No sé cuál será el desenlace del caso Radilla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por sí mismo ya resulta un agravio. Esta semana el máximo tribunal de nuestro país decidió aplazar su resolución, porque no estaba de acuerdo -esa lectura es intrínseca- con acatar la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado mexicano fue condenado por la desaparición de Radilla en un retén militar en el año 1974. La sentencia de la Corte Interamericana obliga a realizar reformas para que los militares sean juzgados por tribunales civiles. El problema, en resumen, no es otro sino la aplicación de una norma internacional en el ordenamiento mexicano.
El caso adquiere trascendencia si se piensa que, de negarse la aplicación de la sentencia en el asunto aludido, nos desprotegemos (todos), porque se trata de derechos humanos.Y es que nuestro país juega, desde hace muchos años, un doble papel; se desenvuelve con un doble discurso, en lo que toca a los derechos humanos. Pedimos, por una parte, la protección y el respeto de los derechos humanos para nuestros condicionales que se encuentran en el exterior -preponderantemente en los Estados Unidos de América-, pero poco hacemos para proteger los derechos humanos de los que habitan este país y ya ni qué decir de los extranjeros que visitan o transitan el territorio mexicano. La muestra más sangrienta y brutal de los últimos tiempos ha sido la masacre de decenas de indocumentados, encontrados en una fosa común en el Norte de país el mes pasado.
Muchos alegarán que los mataron las bandas dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas, lo cual puede ser cierto, pero ello no quita, de ninguna forma, la responsabilidad que cae sobre las espaldas de la autoridad, sin duda corrupta y en colusión con esas bandas. El caso Radilla es solo una muestra de que el Estado mexicano no está dispuesto a aceptar tan fácilmente una sentencia de un tribunal extranjero cuando sus intereses -sobre todo políticos- están en juego, más allá de que la decisión sea para proteger los derechos mínimos de los mexicanos y extranjeros que habitan o transitan por él. Y es paradójico: exactamente la misma actitud se criticó hace algunos años cuando los Estados Unidos de América se negaron a cumplir formalmente -aunque en la práctica se cumple- la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, por medio de la cual se decía que se había violado el derecho a un proceso legal de mexicanos condenados a muerte.Es un doble discurso que nos perjudica a todos.
Los Tribunales especiales están prohibidos por mandato de la constitución y el hecho de que en el caso Radilla se vuelva a poner esto en duda, no demuestra sino los traspiés que da la Corte Suprema en nuestro país. Si bien ha decidido cuestiones importantes de manera lógica (las decisiones sobre la Ley Televisa y la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo), también es cierto que se vuelve a retraer a su posición sumisa cuando se afectan intereses que nadie quiere tocar (el caso Castañeda, los amparos contra la Ley del ISSSTE, etc). Alguna vez oí decir que en México se podía ir en contra de todo y criticar todo, excepto al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Tal parece que la Corte sigue al pie de la letra ese adagio popular.
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Juan Manuel Mecinas M.
Doctorando – Universidad Complutense de Madrid
Becario FPI – MCINN España
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