Marín heredará un hoyo financiero de 3 mil 500 mdp a Moreno Valle
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Uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal será sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos a la Federación por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).
Uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal será sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos a la Federación por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).
Dicho adeudo es resultado de la diferencia que existe de 2005 a la fecha entre lo que el gobierno del estado paga y lo que debió pagar a la Secretaría de Hacienda de ISR por las compensaciones de su personal de nómina y honorarios.
Para nadie es un secreto que en el gobierno del estado la remuneración de los servidores públicos de nivel jerárquico se integra con un sueldo base, que sí es gravado con el Impuesto sobre la Renta, y una compensación exenta de cargas fiscales y que por lo general es del doble o triple del sueldo.
En otras palabras, en Puebla los funcionarios del gobierno del estado no sólo son de los más ganan en el país, sino también de los que menos tributan al fisco, debido a que sus ingresos más importantes vía compensaciones, bonos y demás beneficios están libres de gravámenes.
Sin embargo este paraíso fiscal de la burocracia dorada marinista podría convertirse en una pesada carga para el nuevo gobernador Rafael Moreno Valle, una vez que la Federación le requiera el pago conforme a la ley del ISR de los ejercicios fiscales comprendidos entre 2005 y 2010.
Este hoyo fiscal no es desconocido por los actuales funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, aunque el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, quiere ocultarlo para que sean las próximas autoridades quienes paguen los platos rotos.
De hecho, se sabe que el propio Villa Issa mandó a realizar un diagnóstico acerca de los montos que el gobierno estatal tendría que cubrir a la Federación por ISR para regularizarse y sobre las consecuencias de su negativa a suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda para ponerse al corriente, convenio que debió firmarse a más tardar el pasado 31 de julio.
De acuerdo con esta evaluación, en 2005 el gobierno del estado debió pagar por ISR 518 millones, pero sólo cubrió 189 millones. La misma situación se repitió en 2006, 2007, 2008 y 2009.
En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 mil 39 millones de mil 798 millones; y en 2009, mil 98 millones de un total de 2 mil 94 millones de pesos.
Según esta estimación, los adeudos acumulados del gobierno del estado con la Secretaría de Hacienda ascendían —al cierre de 2009— a 2 mil 714 millones de pesos, cifra a la que habría que sumarle otros mil millones de pesos por el ISR de 2010.
La decisión de Villa Issa de no suscribirse a los beneficios del decreto emitido por la Secretaría de Hacienda para que las entidades federativas y municipios saldaran sus finiquitos por ISR, no sólo dejó al gobierno del estado fuera de las condonaciones y estímulos de hasta el 60% que otorgó, sino que lo expuso a pagar multas, recargos y actualizaciones por el monto global de adeudos.
El plazo para adherirse a dicho convenio se venció el 31 de julio de 2010.
La apuesta del subsecretario de Egresos es que dicha deuda fiscal, calculada en más de 3 mil 500 millones, sea cubierta por la administración entrante, es decir, por el gobierno de Moreno Valle, lo que a todas luces resulta un despropósito, pues éste tendría pagar el ISR que Villa Issa se rehusó a aplicar a las compensaciones, bonos y aguinaldos de la burocracia dorada marinista.
Lo que no sabe Villa Issa es que esta situación ya es conocida por el equipo de transición del gobernador electo, y que por esta omisión la Federación podría iniciarle un proceso administrativo para fincarle responsabilidades por daño patrimonial.
Y es que este hoyo financiero fiscal equivale a cinco veces el presupuesto asignado este año a la Secretaría de Desarrollo Social o a tres veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
