Omar Álvarez niega lavado de dinero en la compra de un terreno
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El director general del Colegio de Bachilleres del Estado, Omar Álvarez Arronte, mostró documentos que demuestran que la compra de un predio, actualmente en disputa legal, se realizó con recursos lícitos y que aparecen en el estado financiero del organismo que dirige; con lo que rechazó estar involucrado en el delito de lavado de dinero.
El director general del Colegio de Bachilleres del Estado, Omar Álvarez Arronte, mostró documentos que demuestran que la compra de un predio, actualmente en disputa legal, se realizó con recursos lícitos y que aparecen en el estado financiero del organismo que dirige; con lo que rechazó estar involucrado en el delito de lavado de dinero; al tiempo que lanzó una advertencia: “si quieren saber de lavado dinero aquí les va un mensaje”, y mostró documentos que demuestran la propiedad de un inmueble propiedad del empresario Maclovio Hernández Hernández, así como la posesión de un helicóptero por parte de Paloma Angelina Hernández Hernández.
La semana pasada el periódico Cambio publicó una nota en la que afirma que la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) investigan a Álvarez Arronte por presuntamente lavar dinero. Para sustentar la información, el diario de circulación local exhibe una averiguación previa, resultado de una denuncia AP/PGR/PUE/PUE-VI/574/201.
Dicha denuncia fue presentada ante la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Puebla, como lo exhibe el código de la averiguación previa iniciada. Ese documento no informa de la indagatoria de la Siedo o de la PGR, sino de la denuncia presentada contra Álvarez Arronte presentada por Federico Ramírez Brito, quien se ostenta como representante jurídico de Ingeniería Civil e Industrial de La Cortina.
El origen de los recursos
El pasado viernes, Álvarez Arronte ofreción una entrevista a varios medios de comunicación en la que mostró y entregó copias del estado financiero del Colegio de Bachilleres del Estado, del 2007 y del 2008; para el 2007 en el rubro de Activo Fijo, en la sección de terrenos, se observa que había cinco millones 66 mil 626 pesos, en el 2008, en el mismo rubro hay 18 millones 792 mil 661 pesos.
Lo anterior debido a que se ya se contabiliza la compra del predio en disputa cuyo valor fue de aproximadamente 12 millones y medio de pesos. La compra de ese terreno, explicó Álvarez Arronte, se hizo con recursos provenientes del Fondo Revolvente de Promoción de Vivienda para los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.
Añadió que si bien los trámites para la compra de ese predio iniciaron en 2007, fue hasta el siguiente año cuando se concluyó el proceso de compra-venta, debido a que el terreno estaba hipotecado y primero se debieron pagar estos adeudos, eso -dijo- explica por qué la el monto de la compra aparece hasta el estado financiero del 2008.
El director del Colegio de Bachilleres del Estado entregó copia a este reportero del acuerdo 20/3ra de la sesión ordinaria de la Junta Directiva en el que consta que ésta “se da por informada el remanente de los ejercicios anteriores por la cantidad de 15 millones 300 mil pesos y autoriza al Director General a crear un Fondo Revolvente de Promoción de Vivienda para la Creación de una Reserva Territorial del COBAEP por la cantidad de 12 millones 500 mil pesos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Egresos Vigente y demás normatividad en la materia”.
Álvarez Arronte dijo que no ha recibido ningún citatorio por parte de la Siedo o alguna instancia federal para aclarar el origen de los recursos, pero dijo que incluso para él sería benéfico que se investigara el caso para que pueda exhibir ante las autoridades las diversas irregularidades que existen no sobre el origen del dinero con el que se adquirió, sino sobre la disputa legal vigente sobre ese terreno.
Y es que Álvarez Arronte reconoce que el predio que fue adquirido por el Colegio de Bachilleres del Estado se encuentra enfrascado en un lío legal generado principalmente por dos actores: La Notaría Pública Número 33, de Amado Camarillo Sánchez, y Maclovio Efrén Hernández Hernández.
La Disputa Legal
Álvarez Arronte puntualizó las irregularidades cometidas por la Notaría Pública de Amado Camarillo Sánchez son tales que en un periodo de 11 meses se hicieron ahí cuatro diferentes escrituras del predio en disputa ubicado en San Bartolo Coatepec, de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.
Esto ha hecho que el problema legal esté completamente enmarañado, pero Álvarez Arronte explica cómo se hizo la transacción para la adquisición del terreno: Fortino Hernández Romero era el propietario, quien a su vez otorgó un poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio a favor de Juan Francisco Mila Torres, según consta en la copia del Registro Público de la Propiedad y del Comercio expedida en el municipio Tecali de Herrera.
El terreno tenías dos hipotecas, entonces, primero el Colegio de Bachilleres del Estado debió pagarlas como parte de un convenio con el vendedor, así se hizo y posteriormente se escrituró a favor del “Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla a través de su director general Omar Álvarez Arronte, según inscripción número 157639 de fecha 2 de enero de 2008”, según un documento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Pese a esto, más de un año después la Notaría Pública 33 de Amado Camarillo Sánchez escritura la compra-venta del mismo predio al que denomina Tlapacoya, entre la parte vendedora Grupo Comercial Miravet y los compradores Maclovio Efrén Hernández Hernández, Germán Hernández Olmos, Luis Alberto Hernández Olmos y Clarisa Lara Lara, cuya escrituración se redactó el 22 de febrero de 2010.
Sin embargo, esa misma Notaría escrituró el predio a favor de Grupo Comercial Miravet luego de que se lo vendiera supuestamente Jaime Cruz Arenasas; pero hay más el 18 de febrero de 2010, se vuelve a escriturar a favor Ingeniería Civil e Industrial de la Cortina, luego de que supuestamente se la vendiera Fortino Hernández Romero.
Álvarez Arronte asegura que ya se presentó una denuncia penal contra la Notaría Pública número 33 por estas irregularidades cometidas en las que se presume -según el entrevistado- la comisión de delitos, los cuales han generado la disputa vigente por el terreno.
De hecho, la Tesorería Municipal de la capital poblana y la Dirección de Ingresos tienen una investigación abierta ya que la Notaría Pública Número 33 utilizó sellos apócrifos para acreditar el pago de impuestos sobre la adquisición de inmuebles para justificar la escrituración que se hizo sobre el terreno en disputa, afirmó Álvarez Arronte.
El director del Colegio de Bachilleres del Estado mostró también copias de los documentos que dan cuenta de esas irregularidades cometidas por la Notaría Mencionada y que podrían demostrar que la escrituración a favor de Ingeniería Civil e Industrial de la Cortina no cumple con la ley.
Sin embargo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla ya ha ganado tres amparos ante la justicia federal contra los actos que reclaman los presuntos propietarios del terreno en disputa mismo que se encuentran radicados en los expedientes: 360/2009; 318/2009 y 143/2010.
Omar Álvarez Arronte asegura que toda esta documentación demuestra que el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla tiene la posesión legal de terreno, y eso explica porqué el terreno se encuentra bajo su resguardo, cercado y con anuncios en los que se informa que el terreno pertenece a ese organismo.
Finalmente, insiste en que sabe bien quiénes están lanzado difamaciones en su contra, y advierte “si de verdad quieren saber de lavado de dinero, yo le entro y aquí les dejo este mensaje”.
