Ley Indígena sí frenará las “ciudades rurales” propuestas por Moreno Valle: diputados
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Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Josefina García Hernández y Melitón Lozano Pérez, respectivamente, admitieron que la reforma que se aprobó la semana pasada para conceder a los pueblos indígenas la facultad de sujetos de derecho público podrá ser utilizada por las comunidades autóctonas para oponerse al proyecto de ciudades rurales que pretende imponer el próximo gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Josefina García Hernández y Melitón Lozano Pérez, respectivamente, admitieron que la reforma que se aprobó la semana pasada para conceder a los pueblos indígenas la facultad de sujetos de derecho público podrá ser utilizada por las comunidades autóctonas para oponerse al proyecto de ciudades rurales que pretende imponer el próximo gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Ambos representantes populares, quienes han sido los principales promotores de los derechos indígenas en esta Legislatura, aseguraron en entrevistas por separado que el nuevo marco normativo no tiene la intención de obstaculizar los proyectos de la nueva administración del Poder Ejecutivo, sino de garantizar que los pueblos indígenas dirijan su desarrollo e impedir cualquier intento de manipulación o vejación.
“Moreno Valle busca la forma de resolver las necesidades del estado, pero el proyecto de ciudades rurales es una medida discriminatoria e impositiva que no solucionará la condición de pobreza de esas comunidades”, criticó García Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El jueves pasado el Congreso del estado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 13 constitucional para conceder a los pueblos indígenas la calidad de sujetos de derecho público, por lo que ya no tendrán necesidad de recurrir a otro órgano de gobierno para hacer cumplir sus determinaciones, además de que el Estado estaría obligado a asignarles un presupuesto para hacer efectivos sus derechos.
Con la enmienda constitucional, Puebla se convirtió en el tercer estado del país en el que se elevó la categoría de los pueblos indígenas de entidades de derecho público a sujetos de derecho, después de San Luis Potosí y de Oaxaca.
Defensa
Antes de que concluya la presente Legislatura, en enero próximo, los diputados votarán a favor una iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y sus Comunidades, que será complementaria a la reforma de la semana anterior, ya que en ésta se definirán los mecanismos a través de los cuales esas poblaciones podrán hacer valer sus nuevas facultades.
Para Melitón Lozano, el espíritu de la reforma constitucional y del proyecto de ley indígena es contrario a la propuesta de ciudades rurales que impulsó Moreno Valle en la campaña rumbo a la gubernatura, la cual consiste en concentrar a diversas comunidades indígenas en nuevas poblaciones para combatir la dispersión social.
“La medida es errónea, es querer resolver el problema de los indígenas desde el punto de vista occidental, cuando los habitantes tiene otra perspectiva de desarrollo”, señaló el perredista, quien propuso y defendió la enmienda constitucional a favor de las comunidades indias desde 2009.
En ese sentido, concluyó que el marco normativo que se está construyendo no sólo se contrapone a las ciudades rurales, sino que echa por tierra la concepción de los indígenas como ciudadanos de “segunda categoría”, así como “todo intento de manipulación y vejación”.
Josefina García, quien es la segunda indígena en la historia de Puebla que ocupa una curul en el Congreso estatal, coincidió con Melitón Lozano: “para solucionar la condición de pobreza en la que viven hay que aceptarlos como son, respetar su forma de organización y fortalecerlos con base en su cosmovisión”.
A su parecer, sería un error poner en marcha en el estado el esquema que se está impulsando en Chiapas de ciudades rurales, porque amenazaría con socavar a los pueblos autóctonos al separarlos de sus costumbres y romper el vínculo que mantiene con el campo.
“Los pueblos indígenas por siglos han venido sobreviviendo conforme a su propia forma de organización; cada familia genera sus propios medios de alimentación con los recursos disponibles, sus animales y cultivos. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlos para que puedan desarrollar estas actividades, no concentrarlos en ciudades, pues implicaría ir contra sus derechos humanos y sus costumbres”, censuró la legisladora de origen zacapoaxtla.
Josefina García y Melitón Lozano concordaron en que la reforma constitucional y la ley en la materia que se prepara en el interior del Poder Legislativo son un impedimento jurídico a la creación de ciudades rurales en Puebla; sin embargo, señalaron que serán las comunidades indígenas las que decidirán si la propuesta de Moreno Valle les es conveniente; de lo contrario, contarán con las herramientas necesarias para frenar su puesta en marcha.
Al concederles la calidad de sujetos de derecho público, los pueblos indios cuentan con personalidad jurídica y forman parte de la administración pública, por lo que no tendrán la necesidad de recurrir a otro órgano de gobierno para hacer cumplir sus determinaciones, explicó Melitón Lozano Pérez.
El diputado, vocal de la Comisión de Asuntos Indígenas, consideró indispensable que los legisladores locales aprueben la iniciativa de ley indígena antes de que concluyan su mandato, con el fin de que estas poblaciones tengan facultades completas para defenderse de cualquier disposición que amenace su forma de vida.
La urgencia por impulsar la nueva normativa, argumentó, surge debido a que en la siguiente Legislatura cambiará la correlación de fuerzas en el Congreso local a favor del gobernador electo.
Josefina García garantizó que la iniciativa de ley la aprobará la mayoría priista antes de que los representantes populares en funciones dejen el cargo. Sólo está pendiente, indicó, la organización de foros regionales en los que participarán representantes de los pueblos autóctonos para conocer su punto de vista e incorporarlo a la normativa.
