PGJ es la culpable de las amenazas contra ataques al Juzgado Cuarto de lo Penal
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Por lo menos en las dos últimas décadas nunca se había paralizado un juzgado en Puebla por una amenaza criminal. La única vez que dejaron de funcionar fue por los daños provocados por el sismo de 1999. Ante tal antecedente, resulta de extrema gravedad lo ocurrido con el Juzgado Cuarto de lo Penal el cual estuvo dos días cerrado por las amenazas del Cártel de Tepito, en un asunto en donde hay indicios para suponer que se llegó a esta situación extrema por la negligencia y fuga de información en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Un dato que poco se ha difundido es que luego de haber sido detenidos 11 integrantes del Cártel de Tepito por ser presuntos responsables del homicidio de un policía ministerial ocurrido el día 16 de este mes, se presentaron a defender a los detenidos tres abogados, cada uno de ellos acompañado por unas 15 personas, entre ayudantes y guaruras. Lo cual es algo inusual y que solamente caracteriza al crimen organizado.
En ese sentido, la PGJ tenía elementos para procesar a los detenidos por crimen organizado y turnar a la Procuraduría General de la República este caso, ante la falta de capacidad que, en general, tienen los estados del país de combatir a los cárteles del narcotráfico.
Algunos trabajadores de los juzgados han comentado, que como nunca antes había ocurrido en años recientes, se percibe un ambiente de miedo y desconfianza en los tribunales.
Lo más grave de los hechos ocurridos la semana pasada, no es la licencia que pidió el juez Alberto Miranda Guerra por las amenazas que recibió, sino el levantón que sufrió el secretario non del Juzgado Cuarto de lo Panal, César Vázquez Ávila, quien fue privado de su libertad –el martes de la semana pasada– apenas dejó su domicilio privado para dirigirse a su fuente de trabajo, en lo que pareció ser una medida de presión para liberar a los delincuentes de Tepito.
Una pregunta que muchos se han hecho es:
¿Quién proporcionó la dirección y los teléfonos a los delincuentes que fueron a dejar al secretario del juzgado al estado de Tamaulipas?
Resulta que los teléfonos y la dirección de los jueces, pero sobre todo de los secretarios, quienes son los que operan el funcionamiento de los juzgados, se mantienen en secreto y solamente algunos funcionarios de la PGJ los tienen para cuando se necesita su presencia urgente para que se gire una orden de cateo fuera de los horarios de oficina.
Más allá de lo acontecido con la dimisión del juez Alberto Miranda Guerra y su secretario César Vázquez, lo que se evidenció es la pobre vigilancia que tienen los juzgados penales, los cuales fueron trasladados a la zona de San Francisco luego de que el edificio que tenían a un costado del penal de San Miguel, se dictaminó que enfrenta daños estructurales.
Hasta hace unas semanas, en esos juzgados solamente había la vigilancia de dos policías auxiliares, que estaban en las dos entradas del edificio de la 12 Oriente y 6 Norte, y que contrastaban con la excesiva presencia de uniformados que había cuando dichas instalaciones estaban a un costado del penal.
Esa situación generó algo inaudito en este año. Un día se generó un conflicto en uno de los juzgados de lo penal y una persona, con absoluta sangre fría, se abalanzó contra una juez, a quien insultó y luego abofeteó en varias ocasiones.
El autora de esa agresión al concluir el ataque, salió caminando de las instalaciones dependientes del Tribunal Superior de Justicia y no hubo quien le marcara el alto.
¿Si esto le ocurre a un juez, qué seguridad puede tener un ciudadano común y corriente que denuncie un delito y acuda a un juzgado?
Aunque también es cierto que después de los hechos de la semana pasada, se intensificó la vigilancia policíaca en los juzgados penales y algunos trabajadores externaron:
“Los agentes vinieron a protegernos o a vigilarnos”.
