Vecinos de Huatlatlauca evitaron que policías realizaran un levantón
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La noche del 8 de noviembre de este año casi todo el pueblo de Tochmatzintla se hallaba dentro o cerca de la casa de Roberto Cuautle Lázaro, presidente de Bienes Comunales, quien había sido ultimado con saña en el estado de Chihuahua y en cuya memoria se ofrecía un novenario. El finado fue un hombre muy querido en esta comunidad del municipio poblano de Huatlatlauca, y no pocos relacionaban su homicidio con el intento de asesinato sufrido 20 meses antes por su predecesor en el cargo, Gregorio Herrera Mendoza.
A las 20:10 horas, una patrulla de la Policía Estatal irrumpió al sitio. Sin que mediara explicación y mucho menos orden de aprehensión, los uniformados, armados con rifles R–15, detuvieron con lujo de violencia a un par de hombres e intentaron irse como llegaron: intempestivamente, pero la gente reaccionó en un santiamén y con sus vehículos bloqueó la huida. El automotor oficial se internó hacia el monte en un intento de evasión.
“¡Van a ver hijos de su puta madre, ustedes ya la deben y hoy es cuando la van a pagar!”, les gritó uno de los agentes a los cautivos, quienes fueron colocados de bruces sobre la batea para ser torturados sin clemencia por los policías, quienes les propinaban pisotones en los riñones, los pulmones y la nuca.
Ignorantes del terreno en el que se habían aventurado, los gendarmes, más rápido de lo que esperaban, llegaron al final de su escape. Las cercas de un terreno particular les impidieron seguir avanzando. Detrás de ellos venían unas 20 camionetas y otros vehículos de la gente enardecida de Tochmatzintla, que les dieron alcance pronto.
El escenario para un linchamiento estaba configurado. Cuando uno de los hombres detenido se levantó, no pudo contenerse y le soltó un puñetazo al policía que más lo había maltratado. La turba desarmó al comando y clamaba hacer justicia por su propia mano. Los uniformados rogaban por su vida: “el que más pedía era el comandante, nos decía que éramos amigos”, recuerdan los vecinos.
Los líderes del pueblo se impusieron y lograron calmar a la gente, que vació los rifles y las pistolas de municiones y los devolvió a los agentes. Escoltaron la patrulla, y una vez que ésta estuvo fuera de territorio tochmatzintlence, les devolvieron las balas, metidas en una bolsa.
Cuentan que camino a la salida de la población, el comandante del grupo de uniformados felicitó a los vecinos: “¡qué bien organizados están!”.
Lo cierto es que una tragedia de proporciones mayúsculas había sido evitada por la prudencia de los pobladores, pero desde entonces hasta la fecha ni la Secretaría de Gobernación estatal ni el ayuntamiento de Huatlatlauca ni el pueblo de Tochmatzintla habían dado a conocer los hechos.
Pueblo organizado
La Jornada de Oriente supo de la historia, y este fin de semana hizo un recorrido por Tochmatzintla; sin embargo, pocos accedieron a hablar de lo sucedido, y quienes lo hicieron condicionaron sus testimonios al anonimato. De hecho, los pobladores que contaron los hechos se negaron desde un principio a brindar sus nombres o permitir que les tomaran fotografías los enviados de esta casa editorial.
Empero, los vecinos accedieron a entregar imágenes de los uniformados que tomaron con sus teléfonos celulares la noche de los hechos, mismas que sirven para ilustrar este texto.
“Desde que llegaron los vimos, vimos que eran del periódico por la calcomanía del coche, y sabemos a dónde fueron y con quiénes hablaron”, expresó uno de los hombres que forman parte del cuerpo civil de vigilancia de Tochmatzintla. Todos los miembros de este grupo son varones que portan radios de telecomunicación con los que alertan de la incursión de cualquier extraño en el pueblo.
Fue ese sistema de radiocomunicación el que les permitió hacer frente al abuso de los policías estatales el pasado 8 de noviembre, admiten. “Nosotros estamos preparados, que lo sepan bien. No somos criminales ni hay delincuentes en este pueblo, pero no estamos dispuestos a que sigan abusando de nosotros ni a que sigan provocándonos”.
Tales medidas precautorias fueron tomadas después de los hechos violentos del 25 de marzo de 2009, cuando agentes de la Policía Ministerial irrumpieron violentamente en la fiesta patronal en honor de la virgen de la Encarnación y en un jaripeo dispararon contra el presidente de Bienes Comunales, Gregorio Herrera, a quien persiguieron varios metros a punta de bala hasta que lo hirieron, pero no lo mataron, porque fueron detenidos por la gente.
En esa ocasión, el director de la corporación policiaca era Hugo Isaac Arzola Muñoz, quien fue a Tochmatzintla acompañado de 100 efectivos para rescatar a los agentes de la Ministerial y a otros cinco uniformados de la Policía Municipal de Huatlatlauca, los cuales fueron detenidos por la gente debido a que no intervinieron ante la agresión sufrida por el comisario ejidal.
Arzola exhibió su impericia y no sólo se condujo con prepotencia, sino que amenazó a varios pobladores, entre ellos a los dos hombres que fueron detenidos sin orden de aprehensión el pasado 8 de noviembre; por eso, cuando éstos iban en la batea de la patrulla escucharon que “la debían”, y de inmediato recordaron los amagos del entonces director de la Policía Ministerial.
Hechos no aislados
Hay gente en Tochmatzintla que considera que no hay ningún vínculo entre el intento de asesinato de Gregorio Herrera Mendoza, el 25 de marzo de 2009, el asesinato de su sucesor a mediados de octubre pasado y el intento de detención de dos pobladores el pasado 8 de noviembre; sin embargo, hay otras personas que no descartan que los tres eventos sean parte de una ofensiva contra el pueblo, aunque no se atreven a señalar a ninguna persona o grupo en particular. Incluso hay quienes no dudan en expresar sus sospechas acerca de que los policías estatales que llegaron la noche del 8 de noviembre pasado fueron contratados para matar a los dos detenidos.
Se sabe que desde hace años Tochmatzintla y Quetzalapa, una comunidad vecina, disputan la propiedad de un monte, y esa confrontación ha provocado asesinatos, riñas, encarcelamientos y litigios que a la fecha no se saldan.
Particularmente a Gregorio Herrera Mendoza le imputan el asesinato de un joven en 2007. Hay dos versiones sobre el homicidio, la que esgrimen los habitantes de Quetzalapa es que el interfecto era un migrante que de visita en su tierra quiso hacer unas tomas de su pueblo y del cerro con una videocámara, se encontró con Herrera Mendoza y éste, tras una discusión, le quitó la vida.
La versión en Tochmazintla es muy distinta: ahí se dice que desde que los de Quetzalapa se empeñaron en arrebatarles el cerro –cuya propiedad ha sido probada ante las instancias oficiales– emprendieron una campaña de provocaciones que derivó en un ataque directo contra mujeres de la primera comunidad mientras trabajaban en el campo. Los varones salieron al quite, y en la pendencia feneció el migrante.
Lo cierto es que en el año 2008 Gregorio Herrera Mendoza fue detenido y permaneció en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de Justicia sometido a un interrogatorio; no hubo pruebas en su contra y quedó en libertad.
Además, cuentan que durante su campaña a la presidencia municipal de Huatlatlauca el actual alcalde, Baldomero Sanguino, prometió que haría una nueva repartición de las mil 280 hectáreas del cerro en cuestión.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la gente en Tochmatzintla está preparada para lo peor: “tememos que ahora que va a haber cambio de autoridades alguien quiera alocarse y tomar venganza, y eso no lo vamos a permitir”, sentenciaron.
