Ex policías metropolitanos sí extorsionaban en Puebla: SEGOB
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Será este martes que la autoridad judicial resuelva la situación jurídica de los cuatro sujetos que se ostentaban como agentes ministeriales y que dos de ellos resultaron ser elementos de la Policía Metropolitana del grupo de Inteligencia
El secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, confirmó que dos de los cuatro detenidos que formaban parte de la banda de extorsionadores recientemente capturados eran agentes de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, aseveró que ambos fueron dados de baja 15 días antes de ser capturados por los elementos de la Procuraduría General de Justicia.
Por otra parte, trascendió que será este martes que la autoridad judicial resuelva la situación jurídica de los cuatro sujetos que se ostentaban como agentes ministeriales y que dos de ellos resultaron ser elementos de la Policía Metropolitana del grupo de Inteligencia.
La noche del jueves en la gasolinera ubicada en bulevar 5 de Mayo y calle 5 de Mayo, agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Eduardo Reyes Juárez; César González Lucas; Uri Quezada Carmona; e Iván López Arroyo, quienes tenían en su poder armas de fuego.
Los cuatro sujetos fueron remitidos a la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI) ya que dijeron pertenecer a las filas de la Policía Metropolitana y en otras ocasiones se ostentaban como agentes de la Policía Ministerial.
Es por lo anterior que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició una denuncia contra ellos, además de la denuncia que fue presentada por la parte agraviada a la que despojaron de un auto Jetta de color negro.
Al respecto, el procurador de justicia del estado dijo que se tienen información al respecto sobre la actividad que desempeñaban los detenidos pero como la información aún no estaba validada no la podría hacer pública.
Y es que se sabe que Iván López y Uri Quezada antes de su detención eran elementos del grupo de Inteligencia de la Policía Metropolitana, y se analiza si el auto Jetta de color blanco y las armas que utilizaban para delinquir y extorsionar eran propiedad del gobierno del estado.
De comprobarse que eran elementos metropolitanos la sanción que podrían recibir sería doble por tratarse de servidores públicos.
