Procuraduría del Ciudadano promueve la apertura de las oficinas de Bienestar Social
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Con la finalidad de iniciar cuanto antes la localización de la base de datos del Grupo Bienestar Social La Paz y con ello, los contadores de la empresa BDO Hernández Marrón y Cia. SC, empiecen a practicar la auditoria que exige el FIDEPAGO para signar el convenio respectivo con el Gobierno del Estado y así apoyar económicamente a las y los afectados por la extinta financiera; este miércoles por la mañana, personal de la Procuraduría del Ciudadano acudió y promovió ante el juzgado segundo de lo penal con el objetivo de acelerar el proceso de apertura de la oficina matriz de la empresa defraudadora
Con la finalidad de iniciar cuanto antes la localización de la base de datos del Grupo Bienestar Social La Paz y con ello, los contadores de la empresa BDO Hernández Marrón y Cia. SC, empiecen a practicar la auditoria que exige el FIDEPAGO para signar el convenio respectivo con el Gobierno del Estado y así apoyar económicamente a las y los afectados por la extinta financiera; este miércoles por la mañana, personal de la Procuraduría del Ciudadano acudió y promovió ante el juzgado segundo de lo penal con el objetivo de acelerar el proceso de apertura de la oficina matriz de la empresa defraudadora.
Aunque, las autoridades jurisdiccionales determinaron notificar a los abogados defensores de los socios de la empresa que están bajo proceso, sobre la apertura de la referida oficina para evitar cualquier tropiezo a futuro y retraso de la diligencia, lo que pospuso la actuación.
Sin embargo, se determinó agilizar las notificaciones y se estimó que este jueves al filo de las 10:00 horas se lleve a cabo la audiencia y con eso se cumpla la diligencia del rompimiento de sellos y el acceso a las oficinas de Bienestar Social La Paz.
Derivado de lo anterior, el equipo de la Procuraduría del Ciudadano consideró que se deberán allanar cualquier óbice legal para que auditores de BDO Hernández Marrón y Cia. S. C., contratada por la Secretaría de Finanzas, se den a la tarea de localizar la base de datos del Grupo Bienestar Social La Paz y determinen si se puede llevar a cabo o no la mencionada auditoria.
La magnitud del daño patrimonial contra centenares de poblanos ocasionado por los directivos de Bienestar Social La Paz, manifestaron los defensores públicos; obliga acelerar un trámite, que en todo caso tendrá como fin el concretar un acto administrativo entre la Federación y el Estado con el cual se apoyará económicamente a los inversores, sin que eso, aseguraron, trastoque el derrotero penal.
Por su parte, el Procurador del Ciudadano y representante del Gobierno del Estado ante el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago, FIDEPAGO o Fipago), Martín Fuentes Morales consideró que el trabajo conjunto entre la Federación y el Estado deberá traer aparejado resultados a favor de las y los defraudados por Grupo Bienestar Social La Paz.
Nosotros, abundó, como defensores públicos de las y los defraudados seguiremos impulsando, gestionando y aún, de ser necesario, presionando a otras instancias para que el apoyo económico conjunto de la Federación, a través del FIDEPAGO, y del Gobierno del Estado, cuanto antes sea una realidad.
Hay que señalar que el equipo de la Procuraduría del Ciudadano fue acompañado por el contador Desiderio Labias Vasco, auditor en jefe de BDO Hernández Marrón y Cia. S. C., quien vino desde la ciudad de México para estar presente en la pospuesta diligencia; además, de un grupo de representantes de afectados por el extinta financiera, quienes una vez más reconocieron el apoyo jurídico de la institución encargada de ejercer la defensoría pública en el estado.
Se deberá recordar que Bienestar Social La Paz tuvo dos oficinas en esta capital, una en la colonia La Paz y otra por el rumbo del mercado Unión; al interior, en Teziutlán, Tetela de Ocampo y Amozoc de Mota, donde se perpetró un quebranto patrimonial, de acuerdo a estimaciones de las víctimas, por casi 300 millones de pesos en contra de poco más de mil 200 ahorradores.
