PGJ y TSJ abandonan al secretario del Juzgado Penal que fue levantado
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Entre el personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha trascendido que César Vázquez Ávila, el secretario non del Juzgado IV de lo Penal, quien la semana pasada fue secuestrado por zetas y liberado en Tamaulipas, está sufriendo el abandono del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ya que nadie le ha ofrecido ayuda psicológica y económica, y mucho menos le han brindado protección policiaca a él y su familia; y por si fuera poco, le dieron la orden de “callarse la boca”.
Esa condición ha generado un ambiente de enojo, de miedo y desconcierto entre personal del Tribunad Superior de Justicia (TSJ), pero sobre todo entre los secretarios de los juzgados, quienes son los que operan esas instancias del Poder Judicial, al existir la idea clara de que si a ellos les ocurre algo similar, es decir una agresión o un secuestro de parte del crimen organizado, entonces no tendrán ni el respaldo ni la protección de las autoridades.
Y es que resulta absurdo, que mientras al juez cuarto de los penal, Alberto Miranda Guerra, solamente sufrió una amenaza de loszetas, de inmediato le pusieron una escolta policiaca; mientras que en el caso del secretario César Vázquez, quien se llevó la peor parte, ya que fue secuestrado y estuvieron a punto de matarlo, nadie ha acudido a ayudarlo, a tal grado que se mudó de casa con su familia ante el miedo de que regresen por él.
La peor oleada de miedo se ha generado debido a que entre el personal del TSJ ha trascendido lo realmente ocurrido a ese funcionario y que consistió en lo siguiente:
Luego de que fueron detenidos 11 presuntos integrantes del Cártel de Tepito, que ésta asociado a la organización criminal de loszetas, se recibió una amenaza en el Juzgado IV de lo Penal –que es donde se lleva al caso de esa banda– misma que nadie hizo caso, y al otro día, al salir de su domicilio privado, César Vázquez fue “levantado” y se lo llevaron hasta una casa de seguridad en Tamaulipas, que es el territorio controlado por dicha organización.
Ahí este funcionario vivió horas de terror, ya que lo encerraron en un lugar en donde al parecer estaban retenidos otros dos secuestrados.
Los captores todo el tiempo estuvieron inhalando cocaína y eso cada vez los ponía más violentos, razón por la cual propinaban golpes a sus victimas, además de fingir que los iba a ejecutar.
En realidad César Vázquez se fugó de la casa de seguridad, al aprovechar que los plagiarios se quedaron dormidos, al parecer por el cansancio y luego de que se les pasó el efecto de las drogas que consumieron.
Fue entonces cuando el funcionario del TSJ buscó ayuda y logró llegar hasta un grupo de militares, mismos que le comunicaron que estaba en territorio de Tamaulipas y posteriormente lo retornaron a Puebla.
Una vez que llegó a la capital del estado, Vázquez Ávila fue llevado a declarar a la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), que es la dirección de la PGJ encargada de investigar al crimen organizado y dar protección a testigos de actividades ilícitas elevado calado.
Al principio fue tratado bien. Fue sometido a un exhaustivo interrogatorio y de ahí le permitieron que regresara con su familia.
Pero cuando días más adelante se volvió a presentar a la DIEDO a preguntar sobre su averiguación, primero fue tratado con indiferencia y luego con prepotencia, para que finalmente recibiera un mensaje de que se tiene que “callar la boca”, pues si algo le pasa es su responsabilidad.
Dicen que al recibir ese trato, César Vázquez empezó a sufrir una crisis de depresión, razón por la cual no quiere hablar con nadie; abandonó su casa, junto con su familia, pese a que su condición económica es precaria; y no ha regresado al trabajo, por el miedo de volver a ser secuestrado.
Y lo peor, ni la PGJ ni mucho menos el Poder Judicial se han acercado a brindarle ayuda psicológica, médica, económica, laboral o por lo menos ponerle un policía que le dé protección.
Esta condición desnuda al sistema de impartición de justicia en Puebla, el cual no protege a los testigos ni las victimas del delito. Y siempre da la impresión de que ahí se protege a los delincuentes.
Y esa situación entonces desata el dilema:
¿Con ese trato que han dado al secretario del Juzgado IV de lo Penal, vale la pena que los funcionarios del TSJ se jueguen el pellejo haciendo bien su trabajo en contra de la delincuencia?
Por lo menos con el actual titular de la PGJ, Rodolfo Igor Archundia, no vale la pena.
