Alcalá y síndico exhiben ruptura en Cabildo
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La ruptura entre la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y el síndico, Román Lazcano Fernández, se hizo evidente con miradas frías y de reproches entre ambos después de que el gobierno perdió el juicio ante DISA que costará 42 millones de pesos al erario; no obstante, el PRI decidió proteger al sindico y rechazó la propuesta del PAN para que lo investigaran.
La ruptura entre la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y el síndico, Román Lazcano Fernández, se hizo evidente con miradas frías y de reproches entre ambos después de que el gobierno perdió el juicio ante DISA que costará 42 millones de pesos al erario; no obstante, el PRI decidió proteger al sindico y rechazó la propuesta del PAN para que lo investigaran.
El momento que evidenció la ruptura entre ambos ocurrió cuando el síndico intentó explicar de forma amplia su postura con respecto a la derrota jurídica ante DISA y recuperó el inicio del proceso desde que la obra se ejecutó en el trienio de Luis Paredes. Sin embargo, Blanca Alcalá cortó su explicación de forma abrupta y le pidió que se centrara en el punto principal.
No obstante, priistas en el Ayuntamiento, encabezados por la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, defendieron al síndico, Román Lazcano Fernández, luego de no aprobar la propuesta de los regidores del PAN de que sea investigado por el Congreso del Estado, debido a que provocó que perdiera la administración municipal el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar pagar 40 millones a la empresa Desarrollo Interamericano SA de CV (DISA).
En sesión ordinaria del Cabildo que duró poco más de dos horas, sus integrantes discutieron el caso Disa, en que primeramente el síndico hizo una amplia exposición de la situación jurídica de dicho tema y del por qué no presentó un recurso de revisión ante la sentencia emitida por la corte, sin embargo la presidenta municipal visiblemente molesta interrumpió a su funcionario y le señaló que no era necesario abundar en el tema, puesto que deberían discutirlo en privado.
A ello, Román Lazcano le solicitó a la munícipe que permitiera concluir su argumentación, en la cual puntualizó que él ha defendido los derechos de los ciudadanos a través de la sindicatura que ha actuado con transparencia y legalidad, por lo que afirmó que no incurrió en ninguna irresponsabilidad como se pretende señalarme.
En contraparte, Pablo Montiel Solana, regidor panista, señaló que el funcionario municipal actuó con omisión en el juicio de amparo a favor de la constructora que reclamó el adeudo por obras en el distribuidor Juárez-Serdán en el trienio de Luis Paredes Moctezuma, lo que implicará pagar 26 millones de pesos más otros 14 millones por intereses generados a lo largo del litigio entre la comuna y DISA, desde febrero de 2005.
En respuesta el coordinador de los regidores del PRI, Alejandro Contreras, secundó la propuesta blanquiazul de que se turne el caso al poder legislativo, sin embargo, previo debe hacerse un análisis de la información que entregue el síndico y principalmente de la sentencia que emitió la corte y de la cual no han recibido notificación de manera oficial.
Con 17 votos en contra del PRI, al que se sumó el de Alcalá Ruiz, se desechó el punto de acuerdo de los blanquiazules de que sea el congreso estatal que investigue el actuar de Román Lazcano.
La alcaldesa pidió prudencia en este tema y que al no tenerse la sentencia oficial por parte de la Corte, esta frenado el determinar las acciones para resolver esta situación.
Por otra parte, a la sesión de Cabildo llegó Eduardo Rivera Pérez, candidato a presidente municipal de la alianza Compromiso por Puebla, y pese a que su equipo de trabajo se quejó de que no los dejaron pasar, trascendió que la medida es por seguridad, ya que no pueden estar muchas personas en el Salón de Cabildo.
SÍNDICO CULPA DE LA DERROTA A DOGER
El estudio jurídico de 22 páginas elaborado por el síndico municipal, Román Lazcano Fernández, para el análisis de la alcaldesa, Blanca Alcalá, y de los regidores, adjudica la derrota legal contra la empresa Desarrollo Iberoamericano SA (DISA) al ex presidente municipal, Enrique Doger, y al asesor jurídico de la Presidencia Municipal, Ernesto Ramírez.
Román Lazcano explica que desde el 2007 la empresa DISA ganó el juicio civil de carácter mercantil a Enrique Doger y en ese tiempo el gobierno municipal fue sentenciado a pagar 26 millones 629 mil pesos y cuando entró la actual administración únicamente se defendió la actualización que reclama la empresa por el juicio iniciado desde el 2005 y que puede llegar hasta los 42 millones de pesos.
El contenido del estudio hace una cronología del caso de DISA y refiere que el 26 de julio de 2005 empezó el juicio ordinario civil por 26 millones 629 mil pesos por obras ejecutadas en la construcción del distribuidor vial Juárez – Serdán.
Sin embargo, para el 2007 el gobierno de Enrique Doger perdió el juicio y Román Lazcano lo resume de la siguiente forma: “AL FINALIZAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL PERIODO 2005 – 2008, SE HABÍAN AGOTADO YA TODAS LAS ETAPAS PROCESALES Y MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, HABIENDOSE OBTENIDO TANTO EN PRIMERA COMO EN SEGUNDA INSTANCIA SENTENCIAS DESFAVORABLES POR LAS QUE SE CONDENÓ AL H. Ayuntamiento, AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $26,629,472.34 POR CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONVENIO DE FINIQUITO DE 2 DE FEBRERO DE 2005”.
Posteriormente, culpa en los siguientes párrafos a Ernesto Ramírez, asesor jurídico de Blanca Alcalá, de la derrota jurídica y justifica el por qué no firmó el recurso de revisión:
“En virtud de lo anterior, el despacho de asesores externos propuso la interposición de un recurso de revisión a fin de buscar que el tribunal de alzada reconsiderara entrar al estudio de la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con los mismos; sin que ello implicara ni representara combatir el fondo del caso.
Debiéndose precisar que el proyecto de Recurso de Revisión propuesto fue analizado y ponderado por las áreas tanto de materia Penal, Civil y de Amparo de la Sindicatura Municipal, las cuales corroboraron que efectivamente se trataba de un Recurso de Revisión infructuoso y aun más riesgoso, toda vez que no solo no se trataba de combatir una cuestión de fondo (el fondo del asunto ya se encontraba sentenciado y firme desde el año 2007)
Dicho Recurso solo representaba insistir en que el Tribunal de Amparo entrara al estudio de los aspectos de constitucionalidad que el propio tribunal había declarado que debieron ser reclamados en el año 2007 y así mismo bajo el riesgo de que, habiendo sido sancionado ya el Síndico con una multa de treinta días de salario mínimo, de persistir en la postulación de dicho amparo; se estaría incurriendo incluso en un proceder ilícito y atentativo contra la Administración de la Justicia”.
Tal estudio de 22 páginas está en manos de la alcaldesa y de los regidores para determinen si aceptan o no las explicaciones del síndico municipal, Román Lazcano.
Más información en la columna Contrastes
