Surgen más anomalías cometidas por Anahí Romero
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A raíz de que se supo de la repentina remoción de Anahí Romero Alonso como delegada en Puebla de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha circulado una carta anónima –pero cuyo autor parece conocer a detalle las anomalías ahí cometidas– en la cual se narra cómo una empresa llamada Procesa fue contratada para supervisar la calidad y ejecución de la obra pública a cargo de la CDI, pero al final se acabó beneficiando al obtener los contratos para esos trabajos. Es decir, era juez y parte, con la complicidad de directivos de dicho organismo federal.
También se habla de que habría existido un trato privilegiado para la empresa Ligonza en la adjudicación de una parte importante de los contratos de obra que licitaba la CDI en municipios con población indígena.
El contenido de esa carta se debe tomar con las debidas reservas, pero se ajusta a las versiones que han surgido a raíz de que la semana pasada hubo un cese fulminante de Anahí Romero al frente de la CDI, luego de que un grupo de alcaldes –al parecer unos 50– se quejaron de presuntos actos de corrupción de la entonces delegada.
Para entender lo que se describe en la misiva es necesario tener el siguiente antecedente:
De acuerdo con la normatividad que regula a la CDI, se debe contratar a una empresa privada que supervise las obras públicas que hacen de manera conjunta ayuntamientos y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Si esta compañía da el visto bueno, entonces el gobierno federal libera los recursos para pagar al constructor que se encargó de los trabajos.
De acuerdo con lo que se describe en la carta, la empresa que debía supervisar las obras acabó haciéndose cargo de los trabajos y beneficiándose económicamente de los contratos. Y eso habría ocurrido con la supuesta complicidad de la delegada de la CDI, quien tenía la obligación de cuidar que eso no ocurriera.
Lo que se describe en ese texto debería ser objeto de una profunda investigación y que lo acontecido en la comisión no quede impune ni se le dé carpetazo con la simple sustitución de funcionarios.
Por motivos de espacio no puedo presentar toda la carta, pero reproduzco las partes más sustanciales:
Al inicio del texto se indica: “he leído con atención las notas periodísticas que han salido con motivo de la destitución de Anahí Romero como delegada del CDI y por ello envío estas líneas, porque lo que estaba pasando al interior de esta delegación federal resultaba francamente indignante tanto para los constructores como para los presidentes municipales que fueron víctimas de la ambición desmedida de estos personajes”.
Luego hace referencia a las empresas Procesa y Ligonza:
“Pruebas hay y suficientes si el gobierno federal quiere llegar al fondo de los hechos para investigar la corrupción y extorsión que se dio durante la administración de Anahí Romero de manera conjunta con el Ing. David Limón Coleote, quien tiene una empresa como persona física que se dedica a la Supervisión con el nombre de PROCESA, misma que se adjudicó, con trampas y corruptelas, el contrato de todas las obras del año pasado 2009 para la delegación de la CDI, pero no sólo eso, junto con la empresa LIGONZA SA DE CV, ejecutaron obras del CDI en Jalpan y Pantepec.
“Estas obras fueron de montos superiores a los 25 millones de pesos situación que no debería de ser dado que la misma Ley de Obras Publicas no permite que sea juez y parte, la Supervisión, porque se trata de una figura que actúa como una empresa de auditoría externa, pese a esa limitante legal, burlando toda regla de operación Anahí Romero promovió, impulsó y protegió dicha situación con el Ing. David Limón Coleote dado que él tenia un Contrato de Supervisión para todas las obras del CDI, al mismo tiempo que ejecutaba obras del propio CDI lo cual demuestra el favoritismo y la mafia que existe en torno a la repartición y/o autorización de obras por los representantes de esta dependencia”.
Y remata respecto al asunto de estas empresas, al indicar:
“Pero hay más, mucho más allá de esta corrupción al interior del CDI, ya que el personal que se dedicaba a la supervisión de las obras de la delegación federal era el mismo que se encargaba de la construcción y ejecución de las obras que tenía contratadas la empresa LIGONZA SA DE CV, es decir trabajaban para ambas instancias, nuevamente violentando la Ley de forma grotesca”.
Problemas en Zacapoaxtla
En la carta se menciona que estas anomalías dejaron importantes ganancias que permitieron a algunos de los beneficiarios comprar dos ranchos en Pantepec y Jalpan, en donde además se instalaron empresas trituradoras y de producción de asfalto, y se resguarda un importante lote de maquinaria pesada. ¿Será cierto? No lo sé, pero ojalá que haya una investigación al respecto.
Más adelante, en el texto se vuelve a retomar el tema de las anomalías de las empresas y de supuestos pagos ilegales que se exigían a constructores y ediles para que no se frenaran las obras que se hacían con presupuesto de la CDI, al indicar:
“Para ejecutar estas actividades –la empresa PROCESA– se valía del personal que trabaja para la CDI, es decir los supervisores de la Empresa PROCESA Supervisión Externa, como Marcos González.
“Para comprobar esa situación tenemos un caso muy en particular, hasta el momento, Limón Coleote no ha tenido un cierre total de las obras, específicamente el caso del municipio de Zacapoaxtla, donde en una reunión se encontraban presentes los representantes de la CDI, David Limón, el Supervisor por parte de la Supervisión Externa (Ing. Jorge Alejandro Mendoza Carvajal ), el presidente municipal de Zacapoaxtla y la empresa constructora y entre la discusión salió a relucir que la empresa constructora le reclama delante de los presentes que le exigieron un pago por 300 mil pesos sólo por el hecho de autorizarles y firmarles su estimación para que esta pudiera ser cobrada”.
