Ana Teresa Aranda abandonó a Anahí Romero antes de que fuera despedida
joomla.2009
Un factor clave para que cayera la delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Anahí Romero Alonso, es que perdió el apoyo de su mentora política y protectora, la panista Ana Teresa Aranda, quien pudo haber detenido la destitución de la funcionaria federal.
Resulta que una pariente lejana, pero de trato cercano de Ana Teresa Aranda es funcionaria de la Secretaría de la Función Pública ante el organismo central de la CDI, y fue a quien le tocó conocer las denuncias contra Romero Alonso, mismas que presentaron algunos constructores de filiación panista.
Se dice que esa pariente, antes de proceder contra Romero Alonso –quien fue destituida por petición del Consejo Nacional Indígena de la CDI– primero consultó con Aranda, y la panista poblana simplemente respondió que ella no haría nada para protegerla.
Es decir, se acabaron las gestiones ante Los Pinos que varias veces hizo Ana Teresa Aranda a favor de Anahí Romero Alonso, una panista oriunda de San Martín Texmelucan y a quien se le consideraba como segura candidata a edil de ese municipio dentro de tres años.
Y es que antes de que se diera la remoción, la ex secretaria de Desarrollo Social primero habría indagado si eran ciertas las acusaciones contra Romero y en varias ocasiones le habría conminado a que corrigiera las anomalías, que se deslindara de un grupo de constructores vinculados a diversas irregularidades, pero la delegada de la CDI le ocultó información y siempre sostuvo que no había problemas en la delegación.
La ruptura entre Aranda y Alonso se empezó a dar en 2009, cuando varios constructores de filiación panista se acercaron a la CDI para buscar contratos de obra pública, pues esa delegación ha manejado anualmente para ese rubro un presupuesto que rebasa los 800 millones de pesos.
En lugar de encontrar una alternativa en la CDI, los constructores se toparon con una respuesta de funcionarios de esa delegación:
“Todos los contratos ya están asignados; no queda nada. En todo caso hablen con los presidentes municipales de zonas indígenas, y si ellos les dan obra, nosotros los respaldamos”.
Dicha situación no hubiera pasado a mayores si los constructores no se hubieran encontrado con la misma respuesta este año. Es decir, no fueron tomados en cuenta en las licitaciones.
Y la mayor molestia se dio cuando se percataron de que la mayoría de los contratos los tenían las empresas Ligonza y Procesa, cuyos propietarios serían personajes cercanos a la delegada de la CDI.
La queja de estos constructores fue clara: “con gobiernos del PRI sí tenemos contratos, y donde hay alguien de nuestro partido, nos cierran las puertas”.
A partir de entonces los constructores agraviados investigaron a las empresas favorecidas y se toparon con muchas anomalías, como que Ligonza –que sería manejada por David Limón Coleote– estaba ejecutando proyectos de obra, cuando había sido contratada para supervisar a las compañías que habían ganado licitaciones. Es decir, era juez y parte.
Se dice que también habrían descubierto que había obras que apenas se estaban licitando y resulta que ya estaban construidas.
Es decir, se sospecha que había empresas que ya tenían apartados los contratos aun antes del concurso de asignación de trabajos.
Una vez que descubrieron las anomalías, los constructores organizaron a varios alcaldes para que estos se sumaran a las quejas contra la CDI.
Estas y otras tantas anomalías fueron generando un alejamiento entre Aranda y Romero Alonso.
Ana Teresa Aranda había colocado a Anahí Romero en la delegación de la Sedeso, y cuando enfrentó intentos de destitución, al parecer promovidos por el entonces senador y ahora gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, no solamente la protegió, sino que le consiguió la delegación de la CDI y anuló todo proceso administrativo en su contra.
Por eso ahora que Romero fue destituida repentinamente de la CDI, muchos supusieron que atrás de esa determinación estaba la mano de Rafael Moreno Valle Rosas. Que era el primer ajuste de cuentas que se hacía contra panistas que habían jugado de manera contraria a la coalición Compromiso por Puebla en la reciente campaña electoral.
Lo anterior es falso; por el contrario, lo sorprendente de este caso es que no se debe descartar la posibilidad de que Anahí Romero pudiera conseguir algún cargo en el próximo gobierno de Moreno Valle.
Tal situación se comenta que podría ser posible dado que los constructores que se vincularon con la ex delegada de la CDI y generaron su caída, habrían sido empresarios que aportaron algunos millones de pesos a la campaña de la coalición opositora.
La próxima semana Romero Alonso deberá acabar de entregar la delegación, y a partir de ese proceso se determinará si se le pueden fincar responsabilidades por las anomalías detectadas en la CDI.
Se antoja un tanto difícil que la panista pueda salir bien librada, ya que no cuenta con los respaldos en el gobierno federal que en los dos últimos años le dieron protección y le permitieron tener una carrera meteórica.
