La tremenda Korte
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Una vez más la clase trabajadora es agraviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al disminuir el monto de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, rebajando de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las mismas.
El hecho resulta sumamente grave, ya que la Corte, parece estar especializándose en suprimir y atentar en contra de los derechos laborales. Primero fue declarar la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro lo que ha mantenido al Sindicato Mexicano de Electricistas en pie de lucha y ahora toca el turno a los trabajadores pensionados. Así mismo, ésta actuación arbitraria es ilegal; porque la facultad de la Corte es la de interpretar las leyes y determinar que se ajusten al marco constitucional, pero por supuesto no cambiarlas, porque esa es facultad del Poder Legislativo.
El tema abre grandes controversias, porque cuando se trata de investigar como lo señala el artículo 97 constitucional, sencillamente se niega a hacerlo, como sucedió en el 2006 con la resolución de la validez de la elección presidencial.
La Corte ha dado cuenta de que en ocasiones actúa de manera arbitraria y otras veces con falta sensibilidad social, como lo hizo al validar la subrogación de las guarderías del IMSS y por supuesto para resolver la responsabilidad de quienes autorizaron el funcionamiento de dichas guarderías, lo que hasta la fecha es un tema pendiente para la justicia en México.
El daño que a la clase obrera se le realiza, muestra a estas alturas del sexenio, una postura “clasista” del ejercicio del poder público, ya que son repetidos los agravios a los asalariados.
Las decisiones de la Corte, suelen ser impredecibles ya que a pesar de que existen otros casos como el de las Afores y su escasa vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), sencillamente no se asume una postura definitiva para cumplir con las leyes, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en el informe de la cuenta pública del 2008, que las minusvalías de las Afores por 16 mil 500 millones de pesos se debieron a una escasa vigilancia de la CONSAR (La Jornada; 23 de julio de 2010; p.3)
Los actos que se le reclaman a la Corte están insertos en las acciones de la política neoliberal para desarmar lo que queda de la política social del Estado mexicano.Además los ministros, están violando el artículo 53 de la ley reglamentaria de la SCJN y las fracciones I y II del artículo 105 de nuestra ley suprema, lo cual tendrá como consecuencia la promoción por parte de los pensionados de la acción de incostitucionalidad de los actos de la Corte.
El máximo tribunal de justicia no está dispuesto a corregir sus errores y deja un negro precedente al borrar el derecho de más de un millón de trabajadores que esperaban jubilarse con dignidad.
El Estado mexicano, pierde constantemente el rumbo y olvida el motivo por el cual surgió y muestra que es la expresión de un régimen político “excluyente”, que al beneficiar a unos cuantos, pone en riesgo la paz social; porque no está velando por el interés público, olvidando también que para prevalecer el estado de derecho, se deben conocer y respetar las reglas jurídicas previamente establecidas, como lo dictan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (garantías de seguridad jurídica, social y de audiencia). De continuar actuando fácticamente, la sociedad buscará hacer justicia por su propia mano. Entonces, ¿quién pedirá que se cumplan las leyes? Y ¿quién las hará cumplir?
