¿Qué pasa en la CAIP?
Arturo Luna Silva
Sí, ¿qué pasa en la CAIP?
¿Cuál es el futuro de la Comisión de Acceso a la Información Pública?
¿De qué tamaño es el compromiso real con la transparencia en Puebla?
¿Se simula o hay verdadera voluntad de abrir las “cajas de Pandora”?
¿Acaso los integrantes del organismo están bajo acoso?
Las preguntas vienen al caso tras conocerse esta semana el inicio de un par de auditorías por parte de la Contraloría del gobierno del estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso local.
Procedimientos que, bajo circunstancias normales, no tendrían que causar suspicacias ni oler a represalias.
Pero un funcionario morenovallista conocedor del tema señala: “Son (procesos) inusuales”.
Y más cuando se sabe que la inspección del Orfise no durará uno o dos meses: estará abierta durante ¡todo el resto de 2012!
Como si algo, alguien, quisiera dejar en claro quién manda o doblegar de plano a la institución, ponerla de rodillas, recordarle que todo cambió pero para seguir igual.
Para nadie es un secreto, al menos en el círculo rojo, que las auditorías se ordenaron a partir de algunas resoluciones que fueron –bajo cierta óptica- “en contra” del gobierno.
¿Mensajes sicilianos?
Nadie sabe con certeza.
Lo que sí se sabe es que la CAIP, organismo autónomo que tiene un mandato legal, sufre una situación peculiar:
Una reciente reforma a la Ley de Transparencia, que presumieron varios como la panacea, aumentó sus obligaciones: ahora son legión los sujetos obligados que debe revisar.
Se pasó de 84 a más de 300, teniendo ya competencia –por fuerza- no sólo sobre el poder Ejecutivo, sino también sobre el Legislativo y el Judicial, los tribunales administrativos, los 217 ayuntamientos con sus dependencias y entidades, los órganos constitucional o legalmente autónomos, la BUAP y los partidos políticos.
Pero contradictoriamente esa nueva carga no fue acompañada de un aumento presupuestal.
No se le dotó –ni se le ha dotado, a la fecha- de los recursos, los instrumentos y el personal necesario para cumplir con lo que marca la nueva ley.
Y sin dinero, el suficiente, ésta es, sencillamente, letra muerta.
¿Cómo explicar eso?
¿Cómo entender la extraña paradoja: aumento de obligaciones con disminución de presupuesto?
Peor tantito: llama, y mucho, la atención que de los organismos autónomos de Puebla, la CAIP es la que más bajo presupuesto tiene.
Veamos:
Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE): 19 millones de pesos.
Instituto Electoral del Estado (IEE): 39 millones de pesos.
Tribunal Electoral del Estado (TEE): 18 millones de pesos.
CAIP: 11.8 millones de pesos.
La situación se torna dramática cuando se comparan los presupuestos de otras comisiones de transparencia del país:
Veracruz: 33 millones de pesos.
DF: 107 millones de pesos.
Jalisco: 40 millones de pesos.
Chihuahua: 37 millones de pesos.
Estado de México: 67 millones de pesos.
Puebla: 11.8 millones de pesos.
No hay, pues, coherencia –ni correspondencia- entre lo que se dice y lo que se hace.
Y todo se reduce a buenas intenciones.
Palabras, palabras, palabras…
Por eso las preguntas, nada ociosas:
¿Qué pasa en la CAIP?
¿Cuál es el futuro de la Comisión de Acceso a la Información Pública?
¿De qué tamaño es el compromiso real con la transparencia en Puebla?
¿Se simula o hay verdadera voluntad de abrir las “cajas de Pandora”?
¿Acaso los integrantes del organismo están bajo acoso?
¿De quién?
¿Por qué?
Sobre todo eso: ¿por qué?