Moreno Valle y el delegado del INAH
Arturo Luna Silva
Una de las delegaciones federales que más ha defendido y peleado el gobernador de Puebla, en las primeras negociaciones con el equipo del nuevo presidente de México, es la del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Y es que el actual delegado, José Miguel Rivas García, no sólo actúa como empleado del huésped de Casa Puebla: en los hechos, lo es.
Un cambio en el INAH Puebla implicaría para Rafael Moreno Valle tener que empezar a dar muchas explicaciones sobre los atropellos que su gobierno ha cometido al patrimonio del estado con las obras en el cerro de Loreto y Guadalupe, el viaducto Zaragoza, el Corredor Turístico Los Fuertes-Catedral y el teleférico.
Rivas García le ha autorizado todo, absolutamente todo, al gobernador sin consultar al Consejo Nacional de Monumentos Históricos del INAH, que es el máximo órgano de decisión en temas de controversia.
Empleados del instituto cuentan que incluso extendió una autorización para demoler la Antigua Casa del Torno en el Barrio del Artista, pero después de haber sido ésta derribada para construir la estación de transferencia del teleférico. Un abuso en toda regla.
Contador público, Rivas García es neófito en la materia. Hizo una maestría en Gestión de la Ciudad en la Ibero Puebla y fue director de Ingresos y subcoordinador de asesores durante la gestión del alcalde Luis Paredes.
En el INAOE fue titular del órgano interno de control –de 2007 a 2009- y de ahí se fue como delegado del INAH a Tlaxcala, desde donde lo mandaron a Puebla gracias a sus buenas relaciones con el gobierno calderonista.
Pero de patrimonio sabe nada. Ha actuado tan torpemente, que ni siquiera ha consultado a los arquitectos y especialistas que legalmente suelen justificar cualquier clase de atropello a los bienes culturales.
Se ha ido por la libre, con tal de quedar bien con Moreno Valle, quien sin embargo ya ha sido denunciado por el Comité Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés) en un cónclave de ese organismo, que se celebra en París, por las afectaciones que está sufriendo la zona monumental de la ciudad.
¿Con qué sustento normativo, legal y técnico determinó el INAH la factibilidad del teleférico o la instalación de un elevador en una de las torres de Catedral?
No se lo pregunte a Rivas García. No lo sabrá. A él, como al gobernador, sólo les interesa que Enrique Peña Nieto no tome el control de la delegación para poder seguir haciendo de las suyas.
¿Lo lograrán?