CONTRA LA MAFIA DEL TRANSPORTE EN PUEBLA
Arturo Luna Silva
Esta semana, un juez penal dictó auto de formal prisión en contra de Ángel Sierra de la Rosa dentro del proceso penal 11/2015, por el delito de falsificación de documentos. Lo mismo sucedió con su esposa Rosalina Carpinteyro y su papá Roberto Sierra. Sierra de la Rosa y sus familiares, concesionarios de la ruta de transporte público Mayorazgo, fueron detenidos el pasado sábado tras las denuncias presentadas por el representante legal de la Secretaría de Transportes, tras el uso de minutas apócrifas para el reemplacamiento.
Ellos, junto con el prófugo Delfino Juan Reyes Bocardo, forman parte de la mafia del transporte que históricamente ha impedido solucionar éste, el eterno problema de movilidad urbana de la ciudad de Puebla.
De hecho, hay al menos otras ocho órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar –en los próximos días- contra personajes relacionados con el tema que están obstaculizando la puesta en marcha de la Línea 2 de RUTA. El gobierno de Rafael Moreno Valle va, y en serio, contra este grupo de poder que por décadas ha mantenido a la ciudad como su rehén.
Si antes hubo gobernadores que consintieron el abuso, la rapiña, la burla y el chantaje, eso se acabó, al menos en el caso de la 11 Norte-Sur.
Como dijo el propio Moreno Valle, se trata de un problema que heredó de administraciones estatales anteriores.
¿Pero quién es Reyes Bocardo, el gran mafioso, el amigo de distinguidos priístas, algunos de ellos actuales candidatos a diputados federales?
Según las investigaciones disponibles, a sus 59 años de edad Reyes Bocardo se asume como líder de la Asamblea Permanente del Transporte (APT) y desde esa posición, gobiernos anteriores lo han beneficiado con más de 100 concesiones del transporte público que representan el 70 por ciento de las rutas que circulan precisamente al sur de la ciudad.
Es permisionario de las líneas Agua Azul, Mayorazgo, San Ramón y Loma Bella y desde que trascendió el plan para concretar la Línea 2 de RUTA, ha amenazado con crear un serio problema de movilidad vial, debido a que por ese corredor circulan por hora más de mil unidades entre transporte público y privado.
Ante los medios de comunicación, asesorado –entre otros- por Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Delfino Reyes ha afirmado en multiples ocasiones que la Secretaría de Transportes (ST) mantiene bajo la opacidad la información sobre la operación de la Línea 2 del Metrobús.
Lo que no ha dicho, ni dirá nunca, es que él, Delfino Reyes, junto con el ya detenido Ángel Sierra de la Rosa, son dos de los poseedores de placas de transporte que peor servicio ofrecen a los miles y miles de usuarios del sistema y que más presionan, año con año, a las autoridades para la enésima autorización de un incremento al precio del pasaje.
Delfino Reyes fue uno de los múltiples beneficiarios de la administración encabezada por el “góber precioso” Mario Marín, aunque antes, durante el sexenio de Melquiades Morales Flores, le fue entregada la concesión de una estación de transferencia, actualmente abandonada y que ahora funciona como corralón privado de la ruta Agua Azul-Mayorazgo.
Un hermano de nuestro personaje, José Mario Reyes Bocardo, también es propietario de concesiones del transporte de las rutas Galgos del Sur, Malacatepec, San Ramón y Titanes, un negocio de varios miles de millones de pesos que pretenden seguir manteniendo como sea pero sobre todo a costa de ofrecer un servicio caro, malo y peligroso, con vehículos que datan ya de hace más de una década.
A esa mafia el gobierno morenovallista le ha declarado la guerra, una guerra sin cuartel y sin tregua.
No por nada el Juez Noveno de lo Penal determinó que existen elementos suficientes en contra de los concesionarios de transporte público de la 11 Norte-Sur Ángel Sierra de la Rosa, su esposa Rosalina Carpinteyro Calderón y su padre Alfredo Roberto Sierra Rosete.
A los tres les fue negado el beneficio de alcanzar su libertad bajo fianza, por lo que enfrentarán los procesos penales 02/2015, 10/2015 y 11/2015 en prisión, dado que el delito del cual se les acusa es grave.
La familia Sierra falsificó minutas de trabajo que fueron entregadas durante un proceso de reemplacamiento para obtener mayores beneficios con sus rutas a Mayorazgo.
Un fraude en toda regla.
Hoy están viendo cómo se les va el negocio de sus vidas. Por eso se entiende que estén desesperados. Pero en el pecado llevarán la penitencia.
Al tiempo.