Abusos y detenciones arbitrarias, las quejas contra la SSP de Raciel López
joomla.2019
Detenciones arbitrarias, prestar de forma indebida el servicio y excederse con el uso de la fuerza se convirtieron en las principales causas que derivaron en 82 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en la gestión de su extitular, Raciel López Salazar
Detenciones arbitrarias, prestar de forma indebida el servicio y excederse con el uso de la fuerza se convirtieron en las principales causas que derivaron en 82 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en la gestión de su extitular, Raciel López Salazar.
A través de sus redes sociales, el Gobierno de Puebla confirmó el pasado 9 de abril la renuncia de López Salazar. Después de su salida, el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, anunció el lunes que desaparecerán las áreas de la SSP de Vialidad Estatal y de Grupos especiales.
La administración de López Salazar inició el 28 de febrero del 2020. Desde marzo hasta diciembre del año pasado, la CDH informó en una solicitud de acceso a la información pública que se presentaron 82 quejas en contra de la SSP estatal por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Entre las causas que derivaron en el inicio de quejas ante la CDH destacó que la principal causa fue por presuntas faltas a la legalidad que causaron afectaciones al derecho a la Seguridad Jurídica de las víctimas, por lo que se iniciaron 13 de las inconformidades en contra de la dependencia estatal de seguridad.
Otro de los motivos que provocaron que se iniciaran quejas en contra de la dependencia dirigida por López Salazar fue por prestar de forma indebida el servicio público, con 21 de las inconformidades presentadas, en las que se acusó que afectaron su derecho a la seguridad jurídica.
También resalta que la CDH recibió seis quejas por omitir notificar a los conocidos la detención de las víctimas, en las que señalaron que se violentaron sus derechos tanto a la seguridad jurídica como al trato digno; además, se presentaron otros 10 procedimientos por supuestas detenciones arbitrarias.
