DE TÍTULOS Y PROFESIONISTAS (Y POLÍTICOS) CHOCOLATES
Arturo Luna Silva
Fiebre, tendencia o mal de muchos, pero lo cierto es que parece que en Puebla pululan los casos de “profesionistas” que dicen serlo sin haber pisado un aula. No son uno, ni dos ni tres. Se trata de muchos ejemplos tanto en el sector público como en la academia.
Según cuentan, hay al menos dos casos que ilustran perfectamente la falta de cuidado, y tal vez hasta la comisión de un delito, por parte de supuestos profesionistas que dicen ostentar desde una licenciatura hasta una maestría o un doctorado.
Uno imparte clases en la Escuela Libre de Derecho y otro en la Facultad de Derecho de la BUAP, donde hasta hace no mucho tiempo había serios indicios de un mal manejo en la expedición de títulos y otros grados académicos, así como en la elaboración de tesis y la acreditación del servicio social.
Los casos en cuestión son:
José Julio Méndez González, quien es licenciado en Derecho pero se ostenta como “maestro” y “doctor” en Derecho, sin que haya registro alguno en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.
El segundo –que no último- caso es el de Carlos Alejandro Gallardo Arroyo, quien no tiene cédula registrada ni como “Licenciado en Derecho”; tampoco como “maestro” ni “doctor”.
Este individuo, además, imparte clases de posgrado en la Facultad de Derecho de la BUAP, donde se puede detonar un escándalo si a la SEP se le ocurre revisar su expediente y anular las actas de calificación firmadas por este seudo profesionista.
¿Cuántos otros usurpan un título y no sólo eso: cuántos a pesar de ello imparten cátedra en las múltiples universidades del estado de Puebla sin que nadie les diga nada?
Para nadie es un secreto la existencia de redes de corrupción para la tramitación de títulos y cédulas profesionales.
Es sorprendente la facilidad con la que cualquier persona, incluso a través de Internet y en unos cuantos días, se puede convertir en profesionista hasta por 6 mil o 9 mil pesos.
Si el interesado tiene certificado de bachillerato y desea un título “chocolate” ya sea como abogado, ingeniero, maestro o médico, ya no es necesario estudiar varios años, ni asistir a una universidad.
Obtener un título profesional se ha vuelto tan sencillo que eso de ir a buscar falsificadores a una plaza o callejones oscuros en el DF, Guadalajara, Monterrey o Puebla, quedó rebasado.
Se trata, sin duda, de uno de los temas tabú de nuestros (convulsos) tiempos, pero tan real como el caso del tristemente célebre ex presidente consejero del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, caído en desgracia al revelarse su licenciatura “chocolate”.
Eso, por no mencionar el caso del jovencito Jesús Giles Carmona, aspirante ni más ni menos que a la dirigencia estatal del PAN, el mismo que asegura ser licenciado en Derecho por la UPAEP, pero cuya respectiva cédula profesional no aparece por ningún lado.
Por ninguno.
A ese nivel de cinismo y descaro se ha llegado en esta Puebla donde nada pasa y cuando pasa, pues tampoco.
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Sin contemplaciones, fue removido de su cargo el director del Centro Escolar “Licenciado Miguel Alemán” (CELMA) de San Pedro Cholula, José Alfredo Salazar Pérez.
Como el pasado lunes le conté, se le sorprendió pidiendo a padres de familias hasta 2 mil pesos de “cuota” para asegurar el ingreso de sus hijos a esa institución.
La encargada de despacho de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, envía así una muy buena señal: no se tolerarán esta clase de abusos en el sistema educativo poblano. Ya no más.
Salazar Pérez es objeto de una amplia investigación por parte de la dependencia, pues además ya acumulaba diversas acusaciones que ponían en entredicho su gestión al frente del CELMA.
En julio de 2014, por ejemplo, los integrantes del Consejo de Administración Central de Padres de Familia denunciaron públicamente el cobro excesivo de “pagos especiales” para la graduación.
Desde el lunes, el subdirector académico del centro escolar quedó como encargado de la dirección.
Un punto para la SEP.