DE EJECUCIONES MILITARES SUMARIAS EN PALMARITO, PUEBLA, Y DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR QUE NO LLEGA
Arturo Luna Silva
En la escalada de violencia, ahora con presuntas ejecuciones sumarias de militares contra civiles en el combate a los huachicoleros, tienen una alta responsabilidad los diputados federales, que han dejado en la congeladora de San Lázaro la posibilidad de aprobar una Ley de Seguridad Interior, que regule la acción de las fuerzas armadas, establezca un protocolo de cómo y cuándo deben actuar, quién los debe sancionar y, principalmente -y esa ha sido la mayor controversia-, que dé garantías a las personas para que haya verdaderamente un respeto irrestricto a los derechos humanos.
Con la publicación de los videos dados a conocer por el Diario Cambio en que aparentemente un militar dispara contra un civil ya sometido, queda en evidencia que el tema está sin control.
Para los delincuentes el Triángulo Rojo es paraíso. O era.
Pero para los cuerpos de seguridad, al menos en este caso, es tierra sin ley.
Las armas y las balas son juez y parte.
Mientras tanto, la Ley de Seguridad Interior, tan necesaria y urgente, está archivada.
Congelada.
La CNDH, la PGR, la Sedena y la FGE han abierto investigaciones sobre el material, para determinar su veracidad y establecer sus implicaciones.
Sin duda, debe haber un peritaje.
Hasta no conocer completamente qué tan genuino es el video, no se pueden hacer acusaciones.
Casos como este estarían en un contexto de mayor certeza jurídica, si esa ley ya estuviera vigente.
Desde el año pasado, el Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro presentó una iniciativa.
César “El Relojes” Quiroz fue quien la llevó a tribuna.
Sin embargo, a pesar de ser mayoría, los priístas no la defendieron ni la cabildearon.
Como si se hubiera tratado solamente de una iniciativa para ganar la nota del día.
La lucieron, la presumieron en entrevistas, pero no le dieron seguimiento.
Ellos mismos le dieron carpetazo.
La de Diputados es la Cámara de origen y es ahí en donde no les importó congelarla.
La responsabilidad mayor es de ellos.
Se suma a la culpa compartida con autoridades de los tres órdenes de gobierno y hasta de la población que colabora y protege a las bandas de huachicoleros.
En el Senado hay también algunos responsables.
Aunque la mayor responsabilidad de que no se haya aprobado es de los diputados y de ellos, los que más, los del tricolor.
En septiembre del año pasado, el senador panista Roberto Gil Zuarth propuso una iniciativa también para una Ley de Seguridad Interior.
Es más presidencialista pues plantea facultar exclusivamente al Poder Ejecutivo para desplegar las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.
La de “El Relojes” Camacho, en cambio, propone decisiones colegiadas en torno a la intervención de las fuerzas armadas.
Recientemente -en enero pasado-, el senador poblano Miguel Barbosa planteó otra.
En ella se propone que las fuerzas armadas solamente realizarían actividades de seguridad pública en casos de excepción.
Tres iniciativas y ningún dictamen.
El Triángulo Rojo en llamas y no hay marco regulatorio.
Sin duda, habrá que ser cautelosos respecto a los videos de la presunta ejecución sumaria de militares contra un civil.
No se pueden realizar suposiciones, aunque haya evidencia en imágenes, pues falta conocer la veracidad de éstas.
Lo único cierto es que este caso, inédito para Puebla, es y será un hito en la actuación de las fuerzas armadas en el futuro.
Precisamente las organizaciones civiles se quejan de que la actuación del Ejército en estas tareas trae la violación a las garantías individuales.
Es un caso que anuncia días infaustos.
Y en esto, los diputados tienen una alta, altísima responsabilidad.
Que no se hagan como “que la Virgen les habla”.