La reforma al sistema de pensiones
Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó
El presidente sabe que ha iniciado el principio del fin de su mandato. Históricamente cuando dan inicio las campañas presidenciales, el ejecutivo comienza a desvanecerse poco a poco hasta entregar la banda presidencial, entonces se retira de la escena pública y discretamente se desaparece. Algunos a veces cometen una indiscreción que tiene que ver con asuntos del corazón o abren la boca de más, en estos casos no pasa de ser un aspecto más del folklor político mexicano. Esta había pasado hasta ahora, sin embargo, el actual ejecutivo no parece estar conforme con esta situación y desea permanecer en la conversación más allá de su sexenio, por lo que ha enviado el Congreso una serie de iniciativas que van desde la obligatoriedad de incremento del salario mínimo en los mismos niveles o más a inflación, hasta una modificación muy profunda del Poder Judicial, así como una que ha llamado poderosamente la atención por las implicaciones a futuro en las finanzas públicas: la iniciativa de reforma en materia de pensiones, que busca dignificar y reconocer a las y los trabajadores.
Respecto a esta iniciativa, en la conferencia mañanera del pasado 7 de febrero la Secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde Lujan señaló que en 2020 el presidente López Obrador presentó una reforma que, tras ser aprobada, tuvo efectos muy importantes al disminuir las semanas de cotización de mil 250 a 750; incrementar las aportaciones por parte de empleadores; poner un límite a las afores por el cobro elevado de comisiones y establecer una pensión garantizada por parte del gobierno para quienes ganaban un salario mínimo en ese año, cambios con los que ahora los trabajadores pueden percibir el 64 por ciento de su salario.
El Ejecutivo consideró que esas reformas no eran suficientes por lo que envió esta nueva propuesta, a fin de que las y los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, lo cual significa que se va a contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social; por los que los beneficiarios serían de 16 mil 777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100% de su salario.
Se plantea que el financiamiento para este fondo de pensiones para el bienestar provenga de diversas fuentes. Lo que se sabe es que de acuerdo con la Secretaria de Gobernación se requiere capital semilla de 64 mil millones de pesos, que provendrían de:
· Recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
· A través de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
· La venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
· Cobro de adeudos de entidades públicas con IMSS, Issste y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
· Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, que hoy poseen las afores y que tiene que ver con la recuperación de cuentas.
· Se prevén además recursos complementarios, entre ellos, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la impugnación en torno a liberar recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, equivalentes a 15 mil mdp.
· Además de los ahorros de la extinción de organismos autónomos, que es otra de las reformas que incluye este paquete de iniciativas que se presentó el pasado 5 de febrero, así como la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que se irán obteniendo con el tiempo y 25 por ciento de las utilidades que generen las empresas paraestatales de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
La iniciativa en materia de pensiones plantea que sea aplicable a todas las personas que tengan 65 años; cumplan los requisitos para tener una pensión y se pensionen cuando haya sido aprobada la reforma y una vez creado el fondo de pensiones para el bienestar.
De acuerdo. Se trata de dos grupos; principalmente, las personas que cayeron en el supuesto establecido por la ley de 1997, es decir, que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1° de julio de ese año, así como las y los trabajadores al servicio del Estado que tengan una cuenta individual.
En un artículo publicado en el diario El Universal, Antonio Hernández señala que de aprobarse la reforma de pensiones planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, valorada como inviable por especialistas, beneficiaría sólo a 8.9 millones de trabajadores bajo el sistema de Afore que perciben un salario mínimo, sin embargo para el resto de empleados que ganen más que el mínimo la alternativa será el ahorro voluntario para mejorar los ingresos que recibirán al jubilarse, referenciando a la Asociación Mexicana de Afores. Asímismo señala que de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, quienes ganan este salario en el país son 8.9 millones de trabajadores entre un total de 22 millones 133 mil plazas laborales que están registradas ante el IMSS, por lo que la iniciativa de mejora a la pensión para trabajadores con salario mínimo, fijando un ingreso a partir de 2025 de 16 mil 777 pesos, monto que aumentará anualmente de acuerdo con la inflación, pero para quienes perciben salarios por encima del promedio, la tasa de reemplazo que se define porcentaje del salario con el que se jubilará un trabajador, no alcanzará el 100%, por lo que para estos casos existen mecanismos como el ahorro voluntario individual que ayudaría a que fueran alcanzables”, dijo la Amafore.
Pensar que esas personas van a poder retirarse con lo que la Afore les va a dar no es realista, de ahí viene toda la parte del ahorro voluntario u otros mecanismos de ahorro, que pueden venir a través de inversiones en otro tipo de productos, como fondos de inversión, entre otras, que son alcanzables, sólo con la Afore no les va a alcanzar ya que la iniciativa de reforma de pensiones de López Obrador pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual contara con recursos por 64 mil 619 millones de pesos a partir del 1 de mayo para garantizar pensiones equivalentes al último salario de los trabajadores con menores ingresos en el país.
En este artículo, Álvaro Vértiz, socio de la consultora Dentons Global Advisors, señaló que la parte más preocupante y que los legisladores deben analizar con cuidado en la discusión es la sostenibilidad del “fondo semilla”, tal y como lo nombró el presidente López Obrador, ya que a largo plazo puede volverse una carga adicional al gasto que ya pesa sobre las finanzas públicas del país, ya que actualmente, el gasto del sector público en pensiones pasó de 827.8 miles de millones de pesos en 2014 a 1,499 miles de millones de pesos, que es lo que se tiene estimado para 2023, por lo que para efectos de fondearlo, lo tienen que obtener de alguna parte, y seguramente será de las cargas contributivas de los mexicanos y, desgraciadamente, el bono demográfico en el país se va acabando.
Como ya se ha comentado, este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal, que equivale al 22% del total, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país.