El predio para la construcción de las nueve viviendas para las víctimas de la explosión de ductos de Pemex en 2021 de San Pablo Xochimehuacan, se encuentra liberado y listo para el inicio de la construcción de las casas, aseguró la síndico municipal, Mónica Silva Ruiz.
Sin embargo, no hay fecha definida. Y el proyecto sólo se retomó gracias a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exhibió la negligencia de la pasada y presente administración.
En entrevista, Silva Ruiz detalló que el predio seleccionado se utiliza como área verde en la zona y por ello se tenía que determinar si era viable o no realizar la construcción de las casas en ese lugar, por lo cual se tenía en pausa el proyecto, no obstante, después de la revisión se avaló la disponibilidad.
Aunado a esto, también se tenía conocimiento de que el lote estaba invadido, sin embargo, al realizar una inspección verificaron que no es así, y que es utilizado por los colonos como área verde o parque.
“Compartir que ya estuvimos haciendo una inspección al terreno, que se destinó justo para la construcción de las nueve viviendas que teníamos programadas, con mucha fortuna puedo decirte, que, si bien habíamos considerado que había invasión, hoy podemos determinar que no la hay, y que lo están utilizando como área verde, y parque recreativo”, aseveró.
Destacó que el siguiente paso es presentar el render a las familias sobre como se verán las viviendas, para que ellos avalen el proyecto y con ello iniciar con el proceso de construcción de las casas.
Silva Ruiz afirmó que será la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que realizará la función de intermediario con los afectados y el gobierno de la ciudad para que se les presente el proyecto de las viviendas.
Recordó que el terreno se encuentra ubicado e en la calle 124 “B” Poniente, número 70 en la colonia San Aparicio Las Fuentes, con una superficie de 8 mil 955.85 metros cuadrados.
Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó al Ayuntamiento cumplir con este derecho de la vivienda a las familias que perdieron su patrimonio, por lo cual se destinó un presupuesto y el terreno para cumplir con esta recomendación.