NUEVA LEY DE AGUAS: LA PESADILLA QUE VIENE
Arturo Luna Silva
Un detallado análisis legislativo al que tuve acceso explica con precisión cuáles son todos los puntos negativos de la nueva Ley de Aguas, que el oficialismo impulsó a pesar de las protestas y argumentos de los legítimos agricultores de prácticamente todo el país.
Morena y sus diputadas y diputados y senadoras y senadores presumen que esta nueva ley “garantiza agua para todos”, pero su iniciativa dice otra cosa.
Centraliza el control del agua desde la Ciudad de México, elimina derechos adquiridos, reduce la autonomía local y traslada costos imposibles a las familias, sin presupuesto adicional para mejorar el servicio.
Ahora decidirán desde la federación cómo opera cada pozo, cada tubería y cada sistema municipal, e incluso qué debe instalar cada vivienda en su techo.
Es una ley que promete justicia hídrica en el discurso, pero en los hechos impone reglas impracticables, injustas y sin sustento presupuestal.
El campo mexicano atraviesa la peor crisis institucional de las últimas décadas. Desde 2018, el gobierno federal eliminó más de 18 programas estratégicos agrícolas y ganaderos, redujo el presupuesto del sector primario en más de 30% y desapareció Financiera Rural, dejando sin crédito a miles de pequeños y medianos productores.
La falta de financiamiento impacta en la compra de semillas, fertilizantes, insumos, maquinaria y renovación de infraestructura.
El país enfrenta además una crisis hídrica profunda: el 76% del agua nacional se utiliza en la producción de alimentos, pero más del 50% de las plantas de tratamiento están inoperantes, la red de distribución tiene más del 40% de fugas, y la Conagua mantiene miles de trámites rezagados, con oficinas sin personal técnico suficiente debido a recortes presupuestales. Nada de esto se corrige en la nueva Ley de Aguas.
A ello se suma la inseguridad en el campo: cobro de piso, robo de cosechas, extorsiones, bloqueos de caminos y amenazas que afectan a productores e industria.
Las crisis sanitarias han sido mal atendidas: el gusano barrenador, fiebre porcina clásica, brucelosis y tuberculosis bovina han generado pérdidas millonarias por falta de atención oportuna del gobierno federal
Y ahora, la nueva Ley de Aguas, que llega en el peor contexto posible: sin infraestructura, sin presupuesto, con instituciones debilitadas y con el sector productivo en riesgo de quiebre operativo.
Mientras agricultores y transportistas bloqueaban carreteras exigiendo justicia, el gobierno respondió con acusaciones políticas y ahora con una ley que puede llevarlos a la cárcel por fallas técnicas o administrativas.
Parece que se quiere un campo silencioso: si protestas, te ignoran; si produces, te castigan.
Es la ley más centralizadora de las últimas décadas: convierte concesiones en permisos frágiles, renovables discrecionalmente por el gobierno federal.
Y no garantiza herencia automática del agua: destruye el patrimonio hídrico y la continuidad de unidades de producción familiar. La transmisión deja de ser un derecho y queda sujeta a procedimientos inciertos, criterios discrecionales y análisis políticos, lo que es en esencia el mayor reclamo de los agricultores.
Más de 5 millones de personas dependen directamente del campo para vivir, según datos del INEGI. Se estima que cientos de miles de unidades productivas familiares dependen de pozos heredados o compartidos.
Si un productor fallece, sus hijos ya no tienen garantizado el derecho al pozo; deben “empezar de cero” y la Conagua puede negarles el título.
Miles de familias perderán acceso a créditos porque la tierra sin agua carece de todo valor técnico y financiero.
Todavía peor: la industria que opera con pozos propios queda igual de vulnerable: automotriz, electrónica, farmacéutica, manufactura, logística.
El campo usa 76% del agua del país para producir alimentos. México tiene más de 4.7 millones de productores entre pequeños, medianos y grandes.
La Conagua tiene retrasos de hasta 3 años en trámites esenciales: con esta ley, la carga aumenta sin presupuesto.
Huertas, establos, empacadoras, agroindustrias y corrales de engorda no podrán cambiar el uso del agua para actividades mixtas.
La falta de reposición o reubicación de pozos condena a miles de ranchos: los pozos colapsan por ciclos naturales.
Se afecta el precio de los alimentos: si el productor no tiene certeza hídrica, reduce siembra y disminuye la oferta.
Un desastre total.
Algunos ejemplos:
Un establo con 400 vacas necesita cambiar de uso para su sala de ordeña; esta ley se lo prohíbe.
Una huerta de limón con pozo colapsado queda totalmente paralizada: esta ley no permite reponerlo.
Y una agroindustria que procesa chile seco necesita agua para limpieza; esta ley lo castigaría como cambio de uso.
Sin exagerar, los negocios pueden quedarse sin agua de un día para otro.
El campo perdería derechos que hoy son patrimonio familiar.
Las familias tendrían que pagar sistemas de captación que no funcionan en su zona.
Los municipios cargan con más obligaciones pero sin recursos.
La industria perdería estabilidad y empleo.
En resumen: un agricultor podrá tener su tierra… pero ya no el agua que la hace producir.
El agua deja de ser un derecho y se convierte en un permiso renovable: si no te lo dan, no puedes vivir ni trabajar.
Así de grave.
¿Por qué nada de esto es un escándalo?
