La Procuraduría Federal del Consumidor ha clausurado 59 máquinas despachadoras de gasolina en Puebla tras las revisiones que ha llevado a cabo en la entidad, así como 11 entidades más de la república mexicana.
En total, suman 460 las inmovilizaciones de equipos de medición, pues aunado a las estatales, se han dado 32 en Querétaro, 41 en Chiapas, 9 en Hidalgo, 34 en el Estado de México, 50 en Morelos, 26 en Guanajuato, 22 en Monterrey, 23 en Michoacán, 26 en Tlaxcala, 71 en Ciudad de México, y 67 en Jalisco.
Las faltas más recurrentes halladas durante las verificaciones han sido: no vender litros completos de gasolina, discrepancias en los registros electrónicos e incumplimiento en la prueba de retención de información en pantalla durante 80 segundos después de quedarse sin energía eléctrica.
A casi tres meses de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) implementaron un programa Extraordinario de Verificación para garantizar que las gasolineras vendan litros completos, respeten los precios y cumplan con los estándares ambientales y de seguridad.
Desde el 27 de febrero pasado, cuando inició la estrategia, se han visitado 71 estaciones de servicio en los estados de Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Jalisco, las cuales representan más de un tercio de las entidades del país.
El programa Extraordinario de Verificación se implementa para dar seguimiento a la Estrategia Nacional, y es independiente a las verificaciones ordinarias que se hacen a estaciones de servicio derivadas de las atribuciones que tienen las instituciones.
De igual manera, la ASEA ha impuesto la clausura temporal total en 61 estaciones de servicio por no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vigente, lo que viola normas en materia de seguridad ambiental.
La venta de litros incompletos de combustible representa un delito, por lo que en 29 casos donde se detectó esta falta, la Profeco interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).