BEBÉ FALLECIDO POR MALA PRAXIS: EL CASO DEL DR. JUAN DE DIOS QUIROZ ÁVALOS
Arturo Luna Silva
Una denuncia penal, un dictamen técnico que concluye mala praxis y una solicitud de formulación de imputación colocan al ginecólogo Juan de Dios Quiroz Ávalos en el centro de un caso que ya no admite silencio, demora ni protección institucional.
La exigencia pública es frontal: intervención inmediata de la fiscal General Idamis Pastor Betancourt, acompañamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier, suspensión preventiva del ejercicio médico, reparación integral del daño y vigilancia absoluta sobre el proceso
Sí, en Puebla ya no hay margen para la tibieza.
El caso del ginecólogo Juan de Dios Quiroz Ávalos rebasó hace tiempo el terreno de la controversia privada para convertirse en un asunto de interés público, seguridad sanitaria y posible responsabilidad penal, civil y profesional.
Hoy, documentos que obran en poder de este reportero revelan una ruta alarmante: una mujer embarazada reportó síntomas de alarma, recibió respuestas tranquilizadoras, perdió a su bebé y ahora existe, además, un dictamen técnico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED) que concluye mal praxis en la atención prenatal atribuida al médico, así como una solicitud de audiencia de formulación de imputación promovida por la Fiscalía General del Estado.
Eso ya no es una sospecha.
Eso ya no es una versión.
Eso exige reacción inmediata del Estado.
Según la denuncia penal y la solicitud ministerial, la paciente acudió a control prenatal con Juan de Dios Quiroz Ávalos y, a lo largo del embarazo, presentó orina oscura, fatiga, náuseas, vómitos y prurito en manos y pies, signos que, en un entorno obstétrico serio, exigían vigilancia estrecha, descarte de patologías hepáticas del embarazo y un seguimiento reforzado. Sin embargo, conforme a los hechos asentados en esos documentos, la respuesta reiterada fue que todo estaba bien, que no había complicaciones y que el embarazo seguía un curso normal.
El resultado fue devastador.
No sólo por la pérdida del bebé, sino porque hoy ese desenlace se encuentra acompañado de elementos documentales que apuntan a posibles omisiones médicas previas.
La CESAMED Puebla, organismo público con autonomía técnica para analizar controversias entre pacientes y prestadores de servicios de salud, concluyó en este asunto que sí existió mala praxis en la atención prenatal atribuida al médico.
Esa conclusión no nació de una red social ni de una campaña digital.
Nació de una revisión técnica especializada dentro de un expediente formal. Y cuando un órgano de arbitraje médico concluye que hubo mal praxis, el caso deja de ser escándalo y se convierte en una advertencia institucional de la mayor gravedad.
Lo que vuelve este caso todavía más delicado es que no se trata sólo del análisis pericial.
También existe ya una solicitud formal de formulación de imputación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de una carpeta de investigación seguida por responsabilidad médica y responsabilidad técnica a título de culpa. Es decir: la propia representación social ya consideró que existen elementos suficientes para llevar el caso ante un juez de control y plantear la imputación correspondiente.
Eso cambia todo.
Porque una cosa es la denuncia social. Otra, muy distinta, es que la Fiscalía pida judicializar el asunto.
Y una tercera, todavía más grave, es que esa imputación solicitada llegue respaldada por un dictamen técnico que ya habló de mala praxis.
En noviembre de 2025 destapé a través de X y Facebook un primer caso. Diferente al que ha causado la solicitud de imputación, pero que sin embargo causó la suspensión del ginecólogo Juan de Dios Quiroz Ávalos por parte del Hospital Ángeles de Puebla. Una suspensión que, pese a maniobras irregulares, presiones al propio nosocomio y amenazas, a la fecha se mantiene.
Frente todo esto, la reacción del Estado no puede seguir siendo burocrática, lenta o administrada con frialdad de escritorio. La dimensión humana del caso es demasiado severa. Una mujer (omito el nombre para no entorpecer el desarrollo judicial del caso) acudió por atención médica. Advirtió síntomas. Reportó malestares. Confió. Siguió indicaciones. Y el desenlace fue la muerte de su bebé. A partir de ahí, todo el aparato institucional tiene el deber de responder con seriedad, profundidad y firmeza.
Por ello, la fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, debe tratar este expediente con la prioridad que merece, sin privilegios, sin dilaciones y sin espacios para simulación procesal. Para ella, es una oportunidad de oro para ganar un poquito de la credibilidad perdida tras tantos yerros. La FGE no puede permitir que un asunto de esta magnitud se pierda entre audiencias diferidas, formalismos agotadores o inercias internas.
Asimismo, el gobernador Alejandro Armenta Mier debe asumir el peso político e institucional de este caso. No para interferir en jueces o fiscales, sino para garantizar que las áreas de salud, supervisión y procuración de justicia actúen con absoluta diligencia. Porque cuando una probable negligencia obstétrica deriva en muerte fetal, ya no estamos frente a un simple expediente clínico. Estamos frente a un asunto de salud pública y de confianza social en las instituciones.
Y aquí hay algo que debe decirse sin rodeos: si ya existe una denuncia penal formal, si ya existe un dictamen de mala praxis, y si ya fue solicitada una audiencia de formulación de imputación, entonces no basta con investigar. También debe prevenirse.
Eso significa que las autoridades competentes —sanitarias, administrativas, profesionales y ministeriales— deben valorar con urgencia la suspensión preventiva del ejercicio médico y quirúrgico de Juan de Dios Quiroz Ávalos, mientras avanzan las investigaciones y se define la responsabilidad correspondiente. No como un acto de venganza anticipada, sino como una medida elemental de protección social. Porque lo contrario implicaría permitir que, en medio de una acusación tan grave y ya técnicamente documentada, el riesgo siga abierto para otras mujeres embarazadas.
La sociedad no tiene por qué esperar otra tragedia para que el Estado se decida a reaccionar. Son varias las víctimas de este farsante con bata blanca.
Y tampoco puede aceptarse que este caso termine reducido a una audiencia más, a una nota de archivo o a un acuerdo de pasillo. Aquí debe haber reparación integral del daño. La víctima y su familia tienen derecho no sólo a la verdad y a la justicia, sino también a la indemnización, al reconocimiento de los daños sufridos, a la atención médica y psicológica necesaria, a la reparación moral y a todas las medidas legales que correspondan para restituir, hasta donde sea posible, las consecuencias del daño causado.
Porque cuando hay pérdida fetal, afectación emocional profunda y una probable cadena de omisiones médicas, la justicia no se agota en castigar. La justicia también exige reparar.
Este caso, además, obliga a revisar el sistema mismo de supervisión médica en Puebla. Porque si una paciente puede reportar síntomas de alarma durante semanas, si puede enviar estudios, mensajes y antecedentes, y aun así terminar en una tragedia obstétrica que después genera un dictamen de mal praxis y una imputación solicitada, entonces la pregunta no es sólo qué hizo o dejó de hacer un médico. La pregunta también es qué hizo o dejó de hacer el sistema para detectar, frenar y corregir ese riesgo antes de que fuera demasiado tarde. Aquí hay una tarea urgente para el fantasmal secretario de Salud del estado, Joaquín Espidio Camarillo.
Sobre el poder Judicial, la exigencia no debe formularse desde la descalificación sin pruebas, pero sí desde la vigilancia pública más estricta. Este caso exige que cualquier resolución judicial futura sea transparente, fundada, congruente con la evidencia y ajena a cualquier forma de protección o trato privilegiado. La gravedad del expediente justifica escrutinio ciudadano total.
Puebla no puede resignarse a que una mujer advierta síntomas, pida ayuda, reciba mensajes tranquilizadores, pierda a su bebé, obtenga un dictamen técnico de mal praxis, vea una imputación solicitada… y aun así no encuentre una reacción firme y proporcional del Estado.
Eso sería inadmisible.
Por eso, hoy la exigencia pública es concreta: intervención inmediata de la fiscal General; acompañamiento institucional del gobernador; revisión sanitaria y profesional urgente del ejercicio médico del señalado; suspensión preventiva para evitar más víctimas, y reparación integral del daño para la víctima y su familia.
Porque cuando un asunto así ya está documentado, el silencio oficial deja de ser cautela. Se convierte en complicidad por omisión.
NOTA AL MARGEN
Para los adoradores y defensores del Dr. Juan de Dios -mejor conocido por muchas de sus pacientes, como “Juan del Diablo”– Quiroz Ávalos:
El expediente, voluminoso y prolijo en detalles, obra en mi poder.
