LA BATALLA DENTRO DEL PODER JUDICIAL POBLANO
Arturo Luna Silva
En Puebla el verdadero conflicto ya no está solamente en los tribunales. También se encuentra dentro del propio Poder Judicial.
Mientras una denuncia de alto impacto exhibe presuntas redes de corrupción, manipulación de expedientes, alteración de actuaciones y posibles esquemas de presión económica alrededor de procesos judiciales, comienza a dibujarse otra disputa menos visible, pero quizá más importante: el enfrentamiento entre quienes pretenden conservar viejas prácticas dentro del sistema y quienes todavía consideran que impartir justicia implica una responsabilidad institucional.
Las denuncias que involucran a la secretaria encargada de despacho Angélica Rodríguez Zamora y al ex magistrado electoral Fernando Chevalier Ruanova colocan sobre la mesa señalamientos delicados: expedientes presuntamente alterados, resoluciones cuestionadas, actuaciones desaparecidas y acusaciones sobre posibles presiones económicas vinculadas a procesos judiciales. Si esas imputaciones llegaran a acreditarse, no se trataría de errores aislados. Se trataría de una crisis estructural. Porque el problema no sería únicamente jurídico. Sería moral.
Y ahí aparece el enorme reto que enfrenta Pedro Antonio Martínez al frente del Consejo de la Judicatura. Porque una cosa es asumir la conducción administrativa del Poder Judicial y otra muy distinta es encabezar una depuración institucional dentro de un sistema marcado durante años por inercias, influencias y operadores acostumbrados a trabajar bajo lógicas distintas a la impartición de justicia.
El nuevo Consejo no heredó una institución neutra. Heredó un sistema donde durante años existieron señalamientos constantes sobre tráfico de influencias, redes de poder y operadores que presumían cercanías políticas para construir presión o influencia alrededor de asuntos jurisdiccionales.
En ese contexto aparece otro caso que refleja el otro lado de la discusión: Miguel Ángel Celis Romero, conocido públicamente como “El Animal”.
Más allá de las posiciones que existan sobre el fondo del asunto, el caso resulta relevante por otro motivo: se ha convertido en una prueba de resistencia institucional. Como aquí se ha documentado plenamente, se trata de un expediente con alto impacto económico, presión mediática y fuerte interés regional.
Y pese a ello, el proceso continúa.
“El Animal” se aproxima a un año privado de la libertad y enfrenta diversas vinculaciones a proceso, relacionadas con la disputa por la multimillonaria herencia de doña Socorro Romero.
En el entorno del caso han circulado versiones sobre intentos de acercamiento político, gestiones de actores económicos y presiones informales para influir en el rumbo del expediente. Más allá de la veracidad de esas versiones, lo relevante es el mensaje institucional que deja el proceso: el expediente sigue avanzando.
Pero también sería injusto reducir al Poder Judicial poblano únicamente a sus sombras. En Puebla existen casos que merecen reconocimiento y que normalmente quedan opacados por el ruido.
Uno de ellos es el del magistrado Isaí Rivas López, quien públicamente denunció un presunto intento de soborno relacionado con el caso de “El Animal”.
Más allá de las consecuencias y tensiones que ello pudo generar dentro del entorno judicial, el hecho envió una señal importante: todavía existen perfiles dispuestos a exponer presiones en lugar de normalizarlas.
En esa misma línea aparece el actuar del juez Francisco Javier Orozco Treviño durante la audiencia de vinculación relacionada con Estela Romero. En medio de un procedimiento complejo y altamente sensible, el juez ordenó detener momentáneamente la audiencia para solicitar atención y apoyo médico ante la situación de salud que presentaba la señora.
El episodio dejó una señal institucional relevante: el proceso no podía continuar ignorando la condición médica de una persona adulta mayor que requería atención inmediata.
Ésos son precisamente los casos que muchas veces quedan ocultos. Porque mientras los escándalos -véase también el explosivo caso Manuel Forcelledo/ juez Enrique Romero Razo/ Karla López Albert– ocupan titulares, las decisiones institucionales correctas suelen pasar inadvertidas.
Y sin embargo son ésas las que sostienen la credibilidad del sistema.
Ahí aparece el verdadero punto de quiebre.
Porque mientras algunas denuncias exponen las sombras y los usos y costumbres del viejo modelo judicial, también existen jueces, magistrados y funcionarios que muestran que otra forma de ejercer la función jurisdiccional todavía es posible.
Jueces, secretarios y operadores institucionales que han continuado procedimientos pese a presión mediática, interés económico o exposición política.
Funcionarios que entienden que su responsabilidad principal no está con grupos de poder ni con intereses externos, sino con el expediente y la ley. Ésos son precisamente los perfiles que el Consejo de la Judicatura necesita fortalecer.
Porque el reto de Pedro Antonio Martínez no es únicamente administrativo. Es ético e institucional. Tiene enfrente una estructura donde todavía sobreviven inercias construidas durante años. Un sistema donde persiste la percepción pública de que algunos asuntos pueden moverse por relaciones, influencia o presión. Y precisamente por eso resulta importante identificar a quienes han resistido.
Porque mientras unos son señalados por presuntas irregularidades, otros sostienen procesos complejos bajo escrutinio permanente. Ésa es la diferencia entre fortalecer una institución o degradarla.
La consolidación de una nueva etapa para el Poder Judicial poblano dependerá justamente de eso: de quiénes terminen prevaleciendo dentro del sistema.
Si sobreviven las viejas prácticas, Puebla seguirá atrapada en la misma crisis de credibilidad. Si sobreviven los perfiles institucionales que sostienen la legalidad aun bajo presión, entonces todavía existirá una oportunidad real de reconstrucción.
Porque cuando la justicia se distorsiona, se nota.
Pero cuando resiste, también.
