LA POLÉMICA REFORMA DEL PREDIAL
Arturo Luna Silva
Muy polémica resultó la decisión del Cabildo de Puebla de aprobar -con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones- que el presidente municipal, José Chedraui Budib, firme un convenio con el gobierno estatal para que el cobro y la administración del impuesto predial sea operado por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Y es que la percepción que se ha generado, ante un obvio vacío informativo, va en el sentido de que el ayuntamiento de Puebla cede y reduce su autonomía ante el gobierno estatal, sobre todo en momentos en que la relación entre el gobernador Alejandro Armenta Mier y el alcalde parece haber llegado a un punto de ruptura, todo en el marco del proceso electoral 2027: el jefe del Ejecutivo no fue invitado a la inauguración de la temporada de Pericos de Puebla -el dueño del equipo de beisbol, José Miguel Bejos, es muy cercano al edil capitalino- y este no fue convidado al evento de arranque oficial de la Feria de Puebla 2026.
¿Qué hay detrás de la decisión del Cabildo?
No significa que el Estado vaya a cobrar directamente el predial a todos los ciudadanos.
Se trata, más bien, de un esquema de coordinación fiscal entre municipios y el gobierno estatal.
Hoy pocos recuerdan que el pasado mes de marzo el Congreso del estado avaló reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla.
Con dichas reformas se permite que el gobierno del estado, vía Finanzas, firme convenios con los municipios para apoyar la recaudación del impuesto predial.
No es obligatorio: cada municipio decide si se adhiere o no.
Aunque se pretende revivir el fantasma de la controvertida y explosiva Ley de Federalismo Hacendario que como gobernador impuso Manuel Bartlett Díaz, quien centralizaba el poder financiero en la figura del gobernador en lugar de fomentar la autonomía municipal, esta reforma, por muy polémica que suene, crea incentivos:
El dinero federal del Fondo de Fomento Municipal se dividirá de la siguiente forma:
70% sin cambios
30% adicional repartido solo entre municipios que firmen el convenio de coordinación del predial.
Es decir:
Si un municipio, como ya es el caso de Puebla capital, deja que el estado le ayude a cobrar o administrar el predial, recibe más recursos federales.
Eso es lo que los asesores financieros del alcalde José Chedraui buscan.
Desde el pasado viernes que el Cabildo dio luz verde, han surgido muchas dudas.
Una de las más importantes es si ahora el gobierno del estado cobrará el predial directamente.
La respuesta es: no automáticamente.
Y es que si un municipio no firma el convenio, seguirá cobrando el predial como siempre, a través de su Tesorería Municipal.
Y si un municipio sí lo firma, el estado puede: apoyar en el cobro, en la fiscalización y en sistemas de recaudación. Pero el predial sigue siendo un impuesto municipal.
Es decir, el municipio conserva control, pero el estado interviene en procesos técnicos.
El objetivo de todo es aumentar la recaudación (en Puebla capital hay alta morosidad, cerca del 40%), mejorar el acceso a recursos federales y modernizar el cobro del predial.
No, el estado no quitará el predial a los municipios; es un esquema voluntario con incentivos financieros.
No es una “expropiación” del predial.
Quizá el gran problema fue el timing: el ayuntamiento de Puebla decidió dar el paso cuando las relaciones con el gobierno del estado han entrado en un momento crítico por la sibilina disputa por la candidatura de Morena: José Chedraui quiere reelegirse, pero el gobernador Alejandro Armenta prefiere que sea una mujer cercana y leal a él: Laura Artemisa García Chávez, Celina Peña o Gabriela Sánchez Saavedra.
Ya lo he dicho aquí : sí, es el 2027, pero sobre todo el 2030.
Si Chedraui se llegara a reelegir, naturalmente se coloca como una carta para la sucesión en la gubernatura, y eso no es precisamente el mejor escenario para el primer morenista del estado. Por eso prefiere que una carta suya llegue a despachar a Palacio Municipal.
En este contexto, la decisión del Cabildo se interpretó -o mal interpretó- como un golpe a la autonomía del municipio; casi una conspiración de Armenta contra Chedraui.
Pero no es así.
Obviamente la oposición -o el remedo de oposición- en el Cabildo, puso “el grito en el cielo”, y votó en contra.
Y es que el tema -no seamos ingenuos- tiene también un componente electoral.
Y es que el PAN -o lo que queda del PAN- obviamente teme que la base de datos del predial -la más rica en información de los votantes- se use con esos tintes.
Por eso prefirió no apoyar que el ayuntamiento acceda a ese 30% adicional de recursos federales.
Para los panistas el problema no es económico, es electoral.
Lo mismo piensan del crédito por 440 millones de pesos que el ayuntamiento capitalino solicitará para destinarlo a obra pública.
¿Voy bien o me regreso?
