La CNTE, los millones y el rezago de aprendizaje
Jorge Calles Santillana
El acuerdo al que el gobierno federal llegó con la CNTE para conseguir dar por terminado el paro laboral de los maestros dejó un saldo negativo para el estado y la sociedad por tres razones: el gobierno federal queda como rehén de la fuerza sindical magisterial, se refuerzan las prácticas discrecionales y de corrupción de la Coordinadora y ninguna atención se da a los rezagos educativos del país, especialmente el del aprendizaje al que están sometidos los niños y los jóvenes mexicanos —cada vez mayor, según evaluaciones internacionales—.
Los grupos disidentes supieron sacar provecho tanto de la falta de previsión de las autoridades educativas del país, como de la debilidad contextual del estado, provocada por la justa mundialista y la afluencia de turistas extranjeros. Las protestas del gremio son recurrentes en esta época del año, por lo que el gobierno federal debió anticipar que la realización de la copa FIFA sabría ser aprovechada por la Coordinadora. No fue así. El grupo sindical se valió del vacío gubernamental para protestar por el incumplimiento de las ofertas que en campaña les hizo la hoy presidenta y, así, llegar empoderado a las negociaciones.
Los gobiernos autollamados transformadores están pagando los errores que cometieron al enfocar su estrategia para alcanzar el poder en la obtención del voto, en detrimento de la atención de las necesidades del país. No planearon, no calcularon. Le devolvieron fuerza a un gremio, numeroso y muy activo, que ya había sido controlado mediante la reforma educativa realizada durante la gestión de Peña Nieto. Quisieron sus votos, sin tomar en cuenta que quedarían a merced del poder político del gremio. La cúpula magisterial aceptó los 800 millones y otras promesas, a pesar de que sus demandas principales, echar abajo la ley del ISSSTE y eliminar la USICAMM, no fueron satisfechas. Ganaron por partida doble. Muy posiblemente, cuando el siguiente año escolar haya iniciado, la Coordinadora retomará sus demandas originales y ocupará nuevamente calles y plazas.
No está del todo claro qué destino tendrán esos 800 millones. No se entregarán, dicen las voces gubernamentales, a la cúpula sindical; se destinarán a atender el rezago. Sin embargo, por lo que se ha filtrado, buena parte del dinero se utilizará para crear nuevas plazas, las que estarán controladas por la cúpula sindical. De esa manera, los líderes sindicales se fortalecen porque, de acuerdo con juego político que tienen, entregarán esas plazas discrecionalmente, asegurando lealtad y obediencia. El gobierno, al acceder al acuerdo, terminó por no resolver —y sí volver más grave— su condición de rehén. Tras cada conflicto, el gobierno termina concediendo más y más poder a una fuerza que no se contiene.
Como consecuencia, no solamente el gobierno resulta afectado porque cada vez tendrá que enfrentarse a una fuerza opositora más grande y exigente; también los niños y jóvenes mexicanos. La cesión discrecional de plazas no ofrece garantías de calidad, más bien lo contario. Así, si bien la apertura de nuevas plazas significa que más niños podrán asistir a las escuelas y tener atención, la educación que reciban no necesariamente será la que deberían, para convertirse en ciudadanos instruidos y capaces de integrarse productivamente, en todos los sentidos, a la sociedad.
Voces críticas preguntan, con legitimidad, de qué manera ese dinero contribuirá a resolver los problemas de rezago en la educación básica y media. Según cálculos, en Oaxaca, donde presumiblemente serán ejercidos prioritariamente esos millones, existen entre 11 y 14 mil planteles de educación pública en los que la Coordinadora tiene una presencia importante.
Si esos 800 millones de pesos se distribuyeran equitativamente, cada institución recibiría entre 73 y 57 mil pesos, aproximadamente. Esas cantidades podrían ser empleadas para hacer reparaciones a las instalaciones y la infraestructura de las escuelas, pero resultarían insuficientes para construir nuevas aulas, nuevas instalaciones deportivas y dotar de equipos tecnológicos y conectividad a las escuelas. Por supuesto, sólo en el caso de que el dinero se ocupara íntegramente en las estructuras físicas de las instituciones. Habrá que hacer fuertes descuentos pues se ha puesto especial énfasis en la creación de plazas.
Aun cuando ciertamente en México el rezago escolar es un problema serio, el rezago de aprendizaje lo es más y mucho más difícil de atender. El rezago de aprendizaje es aquel que presentan los alumnos que, a pesar de asistir a la escuela, no desarrollan los conocimientos mínimos esperados en lectura, matemáticas y ciencias. Según datos del examen PISA de 2022, sólo el 34 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el mínimo de competencia en matemáticas; 53 por ciento lo consiguió en lectura y 49 en ciencias. Chile, Uruguay y Costa Rica registran resultados mejores que los nuestros y qué decir de la distancia que nos separa de los países con mejores niveles educativos, Singapur, Japón, Corea del Sur.
Según el indicador pobreza del aprendizaje del Banco Mundial de 2024, 48 por ciento de los niños mexicanos de 10 años no pueden leer y comprender un texto breve apropiado para su edad. Este dato nos ubica 15 puntos porcentuales debajo del promedio de países con ingreso medio-alto, como el nuestro.
Atender este rezago requeriría una fuerte inversión en contratación de profesores altamente calificados. No ocurrirá así. A la Coordinadora le interesa acumular fuerza. Los gobiernos llamados transformadores le han devuelto el apetito por el dinero y el poder.
