El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla dio a conocer que dos secretarios de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil y Penal de Cholula fueron suspendidos temporalmente.
Las dos personas habrían participado presuntamente en el intento de poner en libertad a Manuel Forcelledo Nader, feminicida de Karla López Albert.
Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura señala que la determinación fue tomada luego de una investigación que realizó el Órgano Interno de Control.
Indica que la resolución tiene como finalidad garantizar el adecuado desarrollo de la investigación administrativa, preservar la integridad del procedimiento y asegurar que las diligencias se realicen con plena objetividad.
El procedimiento de investigación continúa en curso, por lo que será conforme a derecho y una vez agotadas las etapas correspondientes cuando se determinen, en su caso, las responsabilidades administrativas a que haya lugar, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
El Consejo de la Judicatura reitera que actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera apartarse de los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad que rigen la función jurisdiccional, privilegiando en todo momento la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.
LOS HECHOS
El 13 de mayo de 2026, el juez Enrique Romero Razo había puesto en libertad por cambio de medidas cautelares a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de cárcel por el feminicidio de Karla López Albert, pero la judicatura estatal evitó dicha situación.
Desarrolló una estrategia para poner fuera de las rejas al acusado de abusar sexualmente y matar a su ex pareja, además de provocarle un aborto, pues estaba embarazada al momento del crimen.
Romero Razo solicitó permiso de ausentarse a sus actividades y dejó a una abogada a su cargo para que pudiera firmar cualquier documento en su nombre y fue ahí en donde entró el cambio de medida cautelar para Forcelledo Nader, ya que pasaría a prisión domiciliaria con el uso de una pulsera y tendría que acudir a firma periódica.
La situación se hizo pública de inmediato en redes sociales y la polémica no se hizo esperar, por lo que el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla tuvo que intervenir y poner alto a esta situación.