PUEBLA Y LA VIOLENCIA POLÍTICA RUMBO A 2027
Arturo Luna Silva
Lo sucedido el pasado fin de semana en Cuautlancingo, donde una burda y vulgar provocación del panista Filomeno Sarmiento -un impresentable sin correa- causó un enfrentamiento con personal del alcalde morenista Omar Muñoz Alfaro, debe tomarse con la seriedad del caso y, sobre todo, como un foco rojo de lo que podrían ser las elecciones en Puebla en 2027.
No es una exageración.
Un reciente informe de la consultoría Integralia confirma que el fenómeno de la violencia política es como el elefante en medio de la sala, es decir, está ahí, frente a todos y todas, pero nadie quiere verlo ni mucho hablar de tan enorme paquidermo.
Toma como materia de análisis 2025 y señala que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario electoral: aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018.
El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere, incluso, que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales.
Por entidad federativa, los mayores registros se concentraron en Veracruz (104 casos), Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21). En contraste, Yucatán no reportó casos, mientras que Zacatecas, Querétaro, Nayarit y Campeche registraron un caso cada uno, y Chiapas, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala contabilizaron dos casos por entidad. Por su parte, Michoacán, CDMX, Estado de México y Sinaloa reportaron 16, 14, 13 y 12 casos, respectivamente.
El estudio refiere que la violencia político-electoral se intensifica en la antesala de procesos electorales: el primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos en mayo y junio.
Esto indica que la proximidad a jornadas electorales —incluso parciales— sigue siendo un detonante clave para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.
Todavía peor:
Mientras la violencia político-electoral persista, también lo hará el control territorial del crimen organizado: este fenómeno no se agota en el hecho violento en sí mismo: el objetivo último de estas organizaciones es asegurar el dominio de rutas, mercados y economías locales, así como de la vida pública en general, mediante mecanismos de imposición y coacción.
En ese sentido, los municipios se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad frente a otros niveles de gobierno.
Y advierte:
La concentración en regiones y órdenes de gobierno confirma patrones: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato registraron el mayor número de casos.
La recurrencia de casos en estas entidades confirma que la violencia política se asienta en territorios con alta fragmentación criminal y debilidad institucional. Además, los municipios continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad, con el 79.3% de los casos registrados.
El homicidio se consolida como el principal mecanismo de violencia político-electoral: casi la mitad de los incidentes (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, seguidos por amenazas y atentados con arma de fuego. Esta composición refleja una escalada en la letalidad y una menor dependencia de mecanismos de intimidación indirecta.
Sin rutas oficiales para resolver el problema: a pesar de que la violencia política va en aumento, las sucesivas propuestas de reforma electoral no abordan cómo lidiar con este fenómeno. Fue el caso de la última reforma electoral aprobada.
Ello implica que es altamente probable que en 2027 veamos una cifra muy superior de casos de asesinatos, atentados, amenazas, secuestros y otras agresiones contra figuras políticas, aspirantes, candidatas y candidatos.
Que lo ocurrido en Cuautlancingo -reprobable desde cualquier punto de vista- sirva de foco rojo en materia de gobernabilidad: nadie quiere que la lucha por el poder, de por sí encarnizada, se convierta en reguero de muertos y heridos.
¿O sí?
